NC exige a Soria explicaciones en el Congreso sobre su intento de paralizar la Ley Turística de Canarias

En una nota de prensa, Quevedo ha reprochado que Soria, que también preside el PP del archipiélago, haya recurrido al Alto Tribunal para impedir la aplicación de una normativa "legítima", que entre otras cosas obliga a que los nuevos establecimientos hoteleros de las islas tengan la categoría de cinco estrellas.

Según el diputado canario, es "inaceptable" que un ministro del Gobierno de España "no acepte un acuerdo legítimo, adoptado en el ejercicio sus competencias por el legislativo canario, porque no le guste a su partido", y ha afirmado que el único objetivo de Soria con su recurso ante el TC es "satisfacer sus intereses políticos y personales vinculados con su posible candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las lecciones autonómicas de 2015".

Por eso, quiere que comparezca en sede parlamentaria en calidad de titular de Turismo para informar sobre la posición del Gobierno en las negociaciones iniciadas en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa entre el Estado y Canarias para resolver las discrepancias con respecto a la mencionada ley.

INTROMISIÓN "INTOLERABLE".

Quevedo señala asimismo que es lícito discrepar de esa normativa, contra la que también votó Nueva Canarias, aunque "por razones distintas" y "con una diferencia fundamental, el respeto al acuerdo del Parlamento", y la intención de modificar la norma por parte de quienes tienen legitimidad para hacerlo.

Por contra, la decisión de Soria de acudir al TC supone "una intromisión intolerable" en las competencias "plenas" de Canarias, "propia del centralismo a ultranza" ejercido por el PP. "Esas políticas no se las vamos a aceptar", ha advertido el diputado, apuntando que ésta no es "la primera actuación perjudicial" que realiza Soria para "deteriorar" al Gobierno canario.

Finalmente, Quevedo pretende que el titular de Turismo explique los argumentos jurídicos que sustentan las discrepancias y su recurso, y ha advertido de que esta situación genera una "importante inseguridad jurídica" en el principal sector productivo de unas islas que sufren unos niveles "preocupantes" de desempleo.