Navantia ve "difícil" realizar el dique flotante sin incurrir en ayuda pública contraria a Bruselas

Esta es la conclusión de los servicios jurídicos de Navantia tras analizar la respuesta a una consulta de España emitida por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea sobre este asunto, en la que se considera que los términos en los que se plantea la construcción de un dique flotante en Ferrol para la reparación de grandes barcos, gaseros incluidos, puede ser ayuda de Estado.

Una vez estudiada la respuesta remitida por Bruselas, los servicios jurídicos de Navantia constatan la dificultad para desarrollar el proyecto "teniendo en cuenta las necesidades económicas" del mismo.

Pese a que la Dirección General de Competencia señala en varias ocasiones que existen aspectos no definidos del proyecto, desde Navantia ya se han extraído varias conclusiones acerca de la posición comunitaria.

La primera es que, el si el proyecto recibiera algún tipo de ayuda estatal, Navantia sería considerada la beneficiaria de las ayudas de Estado.

La segunda consiste en que, si la financiación pública del proyecto se concediera en condiciones "no de mercado", el riesgo de que se considere que dicha financiación supone una ayuda de Estado "sería muy elevado".

Los servicios jurídicos de Navantia también consideran que la compatibilidad eventual de todo potencial apoyo público está supeditada al respeto de los techos de ayuda regional a la inversión fijados por la Comisión para grandes empresas (15%).

Estos límites "resultan muy inferiores a la intensidad de ayuda, superior al 50%, juzgada necesaria para posibilitar la viabilidad del proyecto", señala Navantia.

Por último, la sociedad pública reconoce que la existencia de ayudas a Navantia "constituye un factor de potencial distorsión de competencia en un sector abierto a la misma como el de reparación naval".

NEGATIVA DE BRUSELAS.

En su respuesta a la consulta planteada por España, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea advierte reiteradamente de la posibilidad de incurrir en ayudas estatales o financiación privilegiada, lo que contraviene el derecho comunitario.

En concreto, los servicios de la Dirección General de la Competencia consideran que "no se puede excluir con certeza la presencia de ayuda estatal en el proyecto de construcción de un dique flotante para Navantia".

A falta de definir más el proyecto, según la Comisión Europea, "no parece que la intervención de inversores privados permita considerar la operación como 'pari passu' (en igualdad de condiciones) y excluir de este modo la presencia de ayuda estatal".