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La OCDE recomienda reducir la indemnización por despido a los trabajadores fijos

La OCDE considera que en España se tienen que reducir las indemnizaciones por despido a los trabajadores fijos y promover la creación de un contrato de trabajo único que establezca el nivel de esas indemnizaciones en función de la antigüedad para combatir la dualidad del mercado laboral.
Esta es una de las tres grandes recomendaciones de reforma para hacer frente a la crisis que ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe divulgado hoy pone también el acento en la necesidad de mejorar los resultados de la enseñanza secundaria y de limitar la extensión administrativa de los convenios colectivos.
En el capítulo dedicado a España de esta quinta edición anual del estudio "Objetivo crecimiento", la organización considera que el nivel de indemnizaciones por despido para las personas con contrato fijo es "muy elevada", sobre todo si se compara con las que tienen un contrato temporal.
"Eso ha segmentado el mercado de trabajo (con un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad) obstaculizando la plena inserción de las mujeres, de los jóvenes y de los inmigrantes", denuncian los autores del documento, que recuerdan que no se ha tomado ninguna medida en este campo desde la reforma laboral de 2006.
En el estudio se recuerda que España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor proporción de trabajadores temporales (superior al 30%, frente a una media en torno al 15% en la UE).
El conocido como "Club de los países desarrollados" coloca como primera prioridad de reforma para españa la mejora de los resultados educativos en el nivel secundario, ante "las elevadas tasas de abandono" en su primer ciclo.
Esta situación, que afecta en particular a los alumnos de medios pobres, es perjudicial para la productividad, advierte, antes de insistir en que la responsabilidad y la autonomía limitadas de los centros escolares frenan su rendimiento.
Por eso aboga por instaurar pruebas escolares normalizadas en todas las comunidades autónomas para determinar con ellas las mejores prácticas.
También por aumentar la autonomía de los centros para contratar a sus plantillas y para la definición de sus programas.
La OCDE estima que hay que incrementar las ayudas financieras a las familias con bajos recursos de alumnos que continúan sus estudios más allá de la edad de escolarización obligatoria, por ejemplo aumentando las ayudas familiares si los hijos siguen estudiando.
Otra de las recomendaciones se refiere a que las empresas puedan eludir con más facilidad la obligación de aplicar los acuerdos laborales de los convenios colectivos y la supresión de las cláusulas de subida automática de las remuneraciones en función de la inflación.
A juicio de este organismo que reúne a 30 países desarrollados la obligación de aplicar los convenios colectivos negociados a nivel sectorial y regional, así como la regla de la indexación "se traduce en rigideces nominales excesivas, en detrimento de la competitividad internacional y de las posibilidades de empleo de ciertas categorías".
La OCDE apuesta igualmente por una reforma de la política de vivienda, que pase por el desarrollo del mercado de alquiler con viviendas sociales que favorezcan la movilidad geográfica de los trabajadores.
En esa línea, aconseja poner fin a las "fuertes subvenciones fiscales" para la compra de vivienda, y la orientación de las ayudas en forma de subsidios-vivienda en metálico atribuidas en función de los recursos de las familias.
Otra reforma pendiente en España, a su juicio, es la de eliminar "los numerosos obstáculos puestos por las autoridades regionales para la creación de hipermercados y de centros comerciales".