Organizaciones sociales exigen derogar la reforma laboral e imponer un Impuesto de Transacciones Financieras

Se trata de organizaciones sociales de diferentes ámbitos, y procedentes de la educación, de la sanidad, del mundo rural, ecologistas, feministas, altermundistas, animalistas, proalternativas energéticas, por las libertades sociales, entre otras.

Así, promueven la puesta en marcha en España de un impuesto a las transacciones financieras que recaude fondos y que disuada de la especulación financiera y sirva para avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales.

En opinión de Cuca Hernández, de ATTAC, es imprescindible también la creación de una banca pública sobre la base de las entidades nacionalizadas, empezando por Bankia, con la que desarrollar unas políticas económicas radicalmente opuestas a las actuales.

NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Por parte de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético urgen a una transición energética que elimine progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y que considere la energía como un derecho social básico.

Desde la Plataforma Rural quieren promover un modelo de agricultura y alimentación sostenible mediante el fomento de la producción y consumo de alimentos locales y campesinos a través de la compra pública en servicios públicos, además de que se impulse la producción ecológica.

Derogar las reformas laborales que han permitido la pérdida de derechos laborales y una precarización de las personas trabajadoras, adoptar decisiones políticas que reduzcan la desigualdad, pobreza, exclusión social y la privación material, así como las viviendas sociales y el fin a los desahucios.

La oposición a los tratados de libre comercio e inversión (TTIP, CETA y TiSA) y el establecimiento de normas internacionales de comercio vinculantes que respeten los derechos humanos y los límites del planeta, promoviendo la cooperación de los pueblos es otra de sus reivindicaciones ecosociales.

CONTRA LA TAUROMAQUIA

Asimismo, piden una ley estatal cuyo objeto sea la defensa de los animales de manera compartida con las entidades sociales que trabajan en este ámbito, además de que se derogue la Ley de Tauromaquia o los "espectáculos de especial crueldad", como los de Tordesillas, Coria o Medinaceli.

Además, exigen que derogar la LOMCE y los decretos de universidad puestos en marcha "sin el consenso de la comunidad educativa" formen parte de esos pactos de investidura o de gobierno, según ha destacado Marian Santiago, de la Asamblea verde de Madrid. "La LOMCE es una ley ideológica, segregadora, no inclusiva. (...) Hay que trabajar por una ley educativa para todos, que no segregue ni expulse a nadie del sistema", ha señalado.

A su vez, piden una Ley contra la violencia machista, que incluya tanto la que ejerce la pareja y expareja como las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual; que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieran independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea prerrequisito para el acceso a los recursos, y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos.

UNA VICEPRESIDENCIA DE SOSTENIBILIDAD

Crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente que coordinen las diferentes políticas sectoriales, junto con la revisión de la normativa ambiental aprobada durante la última legislatura del PP.

Desde las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública-Marea Blanca reclaman una sanidad 100% "pública, universal y de calidad", donde todas las personas tengan los mismos derechos y la salud se contemple de forma transversal a todas las políticas.

En este punto, reclaman la supresión del decreto de abril de 2012 que puso en marcha el copago farmacéutico y de todas las normas que permiten las privatizaciones en sanidad.

Otra de sus "propuestas ecosociales" radica en la derogación de "las Leyes Mordaza", haciendo mención a la Ley de Seguridad Ciudadana, y a las "reformas regresivas" del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como del Pacto Antiyihadista, con el objetivo de "defender las libertades y la amnistía a las personas sancionadas por defender los Derechos Humanos", ha subrayado Alba Villanueva de la Plataforma No Somos Delito.

¿CÓMO CONECTAR LA CÁMARA CON LA CIUDADANÍA?

Preguntados en la rueda de prensa de presentación sobre cómo se puede conectar la Cámara con la ciudadanía, la diputada de IU-Unidad Popular, Sol Sánchez, ha apostado por fortalecer ese "puente" entre la ciudadanía y el Parlamento fomentando las comparecencias de las organizaciones sociales en las Cámaras, para que no sólo se les dé voz a través de las iniciativas parlamentarias que promueven a los grupos.

Desde Podemos, Pedro Arrojo ha subrayado que su formación ya mantiene reuniones con las distintas organizaciones sociales, con las que prepara iniciativas, si bien les ha pedido que ellas presionen para participar de forma más activa en las Cortes.

Por parte de Compromís, Enric Bataller ha celebrado que estas doce medidas se encuentren ya en su programa electoral, aunque ha animado a incluir en un futuro otras cuestiones que le preocupan como el cierre de los CIE, o por ejemplo el asilo a los refugiados.

Las organizaciones que promueven las doce propuestas ecosociales son: Asamblea Feminista de Madrid, ATTAC, Campaña #NoalTTIP, Ecologistas en Acción, Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública-Marea Blanca, Marea Verde de Madrid, Plataforma La Tortura No es Cultura, Plataforma No Somos Delito, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Plataforma Rural.