Oxfam alerta que las medidas contra la crisis agudizan la desigualdad en Perú

En su informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009, la organización no gubernamental analiza las causas estructurales de estos problemas a través de los aportes de diez expertos del país.

Entre estos figuran los economistas Óscar Ugarteche, Pedro Francke y Humberto Campodónico, así como el ex presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, la presidenta de la ONG Transparencia, Pepi Patrón y el historiador Nelson Manrique.

"La pobreza y la desigualdad son, desde el punto de vista de Oxfam Internacional, dos de los principales problemas que el Perú enfrenta en su camino hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia", subrayó el coordinador de Oxfam, Frank Boeren.

El economista Ugarteche señala que Perú, a pesar de estar en mejor situación para afrontar la crisis financiera, no cuenta con una verdadera política contracíclica que distribuya mejor los recursos.

Afirmó, además, que el país, a diferencia de Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina, no apuesta por políticas distributivas para contrapesar la caída de la demanda externa, a partir de los ingresos tributarios, y así reactivar la economía interna, sobre todo para los más vulnerables.

Por su lado, Francke subrayó que para sacar al país de la pobreza sólo en base al crecimiento económico del Producto Interior Bruto (PIB), que el año pasado fue de 9,8 por ciento, necesitaría más de 80 años de expansión por encima de los cinco puntos porcentuales y con índices de inflación menores al 2 por ciento.

Campodónico sostuvo que Perú creció en los últimos ocho años a tasas aceleradas, pero los salarios se estancaron a la vez que las utilidades de las empresas crecieron por encima de las ganancias de las 500 compañías más rentables del mundo.

Acotó que en 2002 los salarios suponían el 25 por ciento del PIB y en 2007, en pleno proceso de expansión, se redujeron al 21,9 por ciento.

El reporte también hace mención al conflicto entre el Gobierno peruano y las comunidades amazónicas por una serie de decretos legislativos, que se saldó con la muerte de 24 policías y diez civiles el pasado 5 de junio.

La presidenta de Transparencia, Pepi Patrón, indicó que el conflicto amazónico no sólo es un problema ecológico sino relacionado con la exclusión económica, social, cultural y política, además de la falta de mecanismos para que las comunidades nativas expresen sus necesidades.

Para el historiador Nelson Manrique, la exclusión de los indígenas se mantiene desde hace 187 años y los conflictos entre el Estado y esas comunidades persisten como en las épocas coloniales.