El PP ofrece en el Congreso "moderar" las penas por coacciones de los piquetes en la reforma del Código Penal

Por eso, el Grupo Popular no acepta tramitar en la Cámara una proposición de ley presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé penas agravadas para quienes, "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".

"Se puede plantear esta modificación, pero cuando esta Cámara está tramitando una reforma del Código Penal parece que, por cuestiones de lógica procedimental y eficacia, esta propuesta tiene un anclaje mucho más adecuado en esa reforma", ha dicho el portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, quien reconoce que el Grupo Popular está "dispuesto a debatir" una "moderación de la pena o revisión del tipo" pero no la derogación de todo el artículo.

Y es que a juicio del diputado "la tutela del derecho de huelga está plenamente garantizada", como lo ha estado todos estos años en los que el citado artículo ha estado en vigor, ya que a los únicos a los que castiga es a quienes, en grupo, utilizan la violencia para promover una huelga. "¿Creen realmente que eliminar la tipificación de estas conductas sería un avance en nuestro derecho democrático?", ha preguntado, recordando que la izquierda también votó a favor del Código Penal de 1995 y desde entonces no ha propuesto eliminar el artículo.

DISUADIR A LOS CIUDADANOS

El portavoz de Justicia de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha explicado que su iniciativa busca, por una parte, derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que es "anacrónico" y "heredado de las postrimerías del Franquismo", ya que se aprobó antes de la Constitución o la Ley Sindical y cuyo único objetivo es "disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho de huelga y protesta".

"Este artículo no debería estar (en vigor) y asumimos nuestra parte (de culpa) por no haberlo derogado en su momento", ha señalado, instando a aprovechar la reforma del Código Penal actualmente en trámite --siempre y cuando se siga adelante con ella tras el cambio de ministro-- para eliminarlo, porque supone que ejercer el derecho de huelga sea un agravante en el caso de coacciones, que en cualquier caso sí deben estar sancionadas.

Pero, además, la coalición pretende criticar al Gobierno, que da "directrices muy claras" a la Fiscalía para que aplique este artículo con la máxima dureza a la vez que continúa con unas "políticas de recortes y contrarreformas del modelo laboral" que incrementan las protestas. De hecho, ha llamado la atención sobre que se pidan penas de hasta cinco años por participar en un piquete y apenas cuatro por el homicidio múltiple del caso Madrid Arena.

"Sólo se preocupan de posibles excesos de los trabajadores y los piquetes en la huelga", ha reprochado, recordando que hay más de 300 huelguistas encausados para los que se piden más de 80 años de cárcel, y criticando que frente a eso la Fiscalía "no ha hecho ni una sola acusación a ningún empresario en relación con las coacciones para paralizar el derecho de huelga", delito recogido en el mismo artículo.

ANTES NO SE UTILIZABA

El socialista Manuel de la Rocha ha destacado que la pertinencia de este debate viene del "cambio de criterio que se ha producido en los últimos tres años en el Ministerio Fiscal", que ahora reclama penas agravadas cuando hasta ahora "bastaba aplicar el delito de coacciones" en la mayor parte de estos casos de "excesos discutibles".

"En 35 años, salvo algunas excepciones, este tipo penal no se había aplicado nunca. Y en este tiempo no ha cambiado la jurisprudencia ni la doctrina; ha cambiado la realidad política y el contexto social", ha insistido, acusando al Ejecutivo de querer "impedir que se produzcan huelgas o desalentar a los trabajadores" para que las sigan, estrategia paralela a su política de "debilitamiento" de los sindicatos.

Además, ha recordado que "parte del contenido esencial del derecho a la huelga es el piquete informativo", como está reconocido por los tribunales, y ha criticado que se usen "elementos estereotipados para criminalizarlos". Por eso, pide que se usen los tipos básicos y se "desmonte" el actual artículo, para lo cual también el PSOE tiene registrada una iniciativa del mismo tenor.

En este punto, ha reprochado también que se "reprima" a los trabajadores pero no se haga nada contra quienes "vulneran el derecho a la huelga" al fijar, por ejemplo, servicios mínimos "desproporcionados" que luego se anulan o "sustituyendo a los huelguistas con esquiroles". "La Fiscalía nunca actúa en esos casos, sí en el de los trabajadores", ha zanjado.

ORIGEN PRECONSTITUCIONAL

La diputada de UPyD Irene Lozano considera "muy pertinente" reformar ese artículo, "aunque sólo sea por su origen preconstitucional", pero más que derogarlo cree que habría que reformarlo para mantener la protección del derecho al trabajo en días de huelga y para "castigar" los "excesos" que se producen en ocasiones, aunque "delimitando" su aplicación y recogiendo sanciones más proporcionales.

Por CiU, Jordi Jané cree que este precepto "no podría tener peor ubicación" en el Código Penal, ya que está entre "los delitos contra los derechos de los trabajadores" pero "se aplica contra los trabajadores". Y, además, lo considera "claramente innecesario" ya que "lo que se pretende perseguir está ya en otros preceptos" como el delito de coacciones. "No podemos seguir con esto en el Código Penal", ha emplazado, subrayando que la manera agravada con que se tratan las conductas violentas "no es proporcional ni obedece al principio de última ratio", algo que hasta ahora no se notaba porque no se recurría a este artículo como ahora sí hace la Fiscalía.

Igualmente, Emilio Olabarria, del PNV, cree que en el artículo 315.3 "no hay nada rescatable" ya que es "inadecuado" tanto su origen histórico como su ubicación en el Código Penal. Además, cree que con su actual redacción "provoca arbitrariedad judicial" y lamenta que un precepto "inerte" hasta ahora se haya "revitalizado con mucha intensidad en la legislatura de los grandes recortes limitativos de los derechos de los trabajadores, que han provocado contestación", cuando "no hace falta" un tipo penal específico para conductas reprochables como los piquetes violentos.

"No podemos permanecer impasibles ante lo que es claramente una injusticia y una represión contra personas que defienden los derechos de todos", ha reclamado Olaia Fernández-Davila, portavoz del BNG, recordando que también su grupo ha presentado una iniciativa de similar tenor en el Congreso. Además, coincide en que si la Fiscalía pide las penas más altas para este tipo de casos es por "ejemplaridad" y "para que las movilizaciones no vayan más allá".

Por Compromís-Equo, Joan Baldoví cree que es "el mundo al revés" que "los corruptos se paseen por la calle mientras el Gobierno decide si los indulta o no" y, a la vez, "a los defensores de los derechos de los trabajadores se les pide cárcel". Y ha acusado a la Fiscalía de "seguir intereses espurios de un Gobierno al que se le atraganta la protesta", cuando los piquetes están reconocidos por el Tribunal Constitucional como parte inherente del derecho a la huelga.

Sabino Cuadra, de Amaiur, cree que este artículo es "la expresión más descarnada de la represión con la que el Gobierno está tratando la contestación social". "No intenta comprender sus causas y procurar canalizarla por la vía de la negociación. Igual que en el Congreso aplica el rodillo de la mayoría absoluta, en la calle aplica el rodillo policial y santas pascuas", ha reprochado.