El PP quiere un debate en el Congreso sobre la prometida agencia de protección para productos financieros

A tal fin ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que los 'populares' instan al Gobierno a "acelerar los trámites para la creación y puesta en funcionamiento" de esta autoridad independiente.

Según argumentan desde el PP, la "mayor complejidad de los instrumentos financieros" y las "prácticas más agresivas por parte de sus comercializadores, bancos y gestoras", hacen necesaria la reforma de la supervisión financiera "al objeto de proteger al pequeño ahorrador e inversor".

En este sentido, ponen el ejemplo de las personas afectadas por las preferentes --unas 300.000 personas, según el estudio de la Defensora del pueblo al que aluden los 'populares'-- o las cláusulas suelo. La propia Defensora, continúan, señaló que no compartía "el criterio de que el sistema vigente de protección fuera "suficientemente garantista, y por tanto reclamaba un sistema de reclamación extrajudicial.

El PP cree que la creación de un supervisor "descargará de trabajo a los juzgados, que se pueden ver colapsados ante la proliferación de demandas presentadas, en muchos casos, por cuantías relativamente pequeñas". Esta autoridad, señalan, "deberá ser independiente y dotada con los mejores profesionales y mejores técnicos".

NUEVA ARQUITECTURA REGULADORA Y SISTEMA DE NOMBRAMIENTOS

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en varias ocasiones la creación de este organismo, contemplado en el acuerdo suscrito con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy. De hecho, el pasado mes de enero desde la formación naranja celebraron la consecución de un pacto definitivo para la creación de este organismo.

La creación de este organismo formará parte de la reestructuración del sector regulador y supervisor de la economía nacional, a partir de la disgregación de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos autoridades independientes, y al mismo tiempo, la creación de otras dos organismos independientes: una encargada de los seguros y planes de pensiones y otra para la protección del consumidor e inversor financiero.

El Gobierno ya lanzó una consulta pública para reordenar la arquitectura de supervisión económica y en ella esbozaba un nuevo sistema de nombramientos, para que los cargos de estos nuevos órganos respondan a criterios de transparencia, meritocracia, participación democrática y ausencia de conflictos de interés.