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PP y UPyD rechazan en el Congreso pedir el IVA superreducido para agua, gas o luz por el impacto recaudatorio

El PSOE comparte el diagnóstico pero se abstiene por no verlo viable
El PP y UPyD han expresado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso su rechazo a la posibilidad de pedir al Gobierno que aplique el tipo de IVA superreducido (4%) a los suministros de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad, así como al transporte público, esgrimiendo el impacto en la recaudación que una medida así tendría.
La 'popular' María Blanca Puyuelo se ha preguntado si la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) es "ingenua o maliciosa", dado que el IVA es "uno de los pilares fundamentales" del sistema tributario español ya que aporta el 30,75% de los ingresos fiscales, procediendo "una parte importante" del consumo de suministros básicos.
Por eso, reducir al 4% su tributación supondría "recaudar una cuarta parte menos de lo que actualmente se ingresa" por esta vía, lo que suma "unos cuantos miles de millones de euros" que se detraerían de otros servicios públicos. "O es una propuesta desmayada con poco rigor y estudio, o es una propuesta interesada para obtener un titular. ¿Han analizado su impacto económico? ¿Y han pensado cómo afectaría a las políticas medioambientales?", ha preguntado la diputada.
BRUSELAS NO LO PERMITE
Además, Puyuelo ha recordado que éste es un gravamen regulado en sus líneas básicas por la UE, lo que hace más difícil cualquier revisión, y ha afirmado que "ahora no es momento de cambiar los tipos" porque "los cambios llegarán en breve y no de forma puntual" a través de una reforma fiscal que supondrá una "modernización exhaustiva y profunda" del sistema.
"El Gobierno trabaja para mejorar la situación de los ciudadanos más afectados por la crisis. Se está elaborando el proyecto de reforma tributaria, por lo que no sería oportuna ninguna modificación relevante en el IVA ahora. Pero, además, ésta no es la manera de abordar el problema de la pobreza energética", ha insistido, mencionando por último los bonos sociales o las ayudas municipales para ciudadanos sin recursos.
En la misma línea, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha señalado que tal y como está formulada la propuesta "no está claro que sea posible" aplicarla dada la normativa comunitaria. Asimismo, ha apelado al coste recaudatorio que provocaría una reducción de los tipos, además del impacto medioambiental.
DE ACUERDO CON EL FONDO
Por su parte, la socialista Patricia Blanquer ha reconocido que su grupo comparte la "preocupación" por el aumento de la pobreza energética, que "a menudo acaba en cortes de suministro por impago", y ha lamentado que las políticas de austeridad del Gobierno, las rebajas salariales y las subidas del precio de la energía abunden en estos problemas.
"Es un problema sobre el que urge actuar, pero hace falta una perspectiva integral", ha explicado a renglón seguido, apuntando que una reducción del tipo del IVA "no resuelve el problema de fondo, sino que además genera otros inconvenientes al sistema que pueden acabar perjudicando en mayor medida el interés general" tales como una pérdida "inasumible" de recursos públicos.
Por eso, el PSOE plantea el establecimiento de un baremo sobre los consumos para discriminar a los consumidores en función tanto de sus consumos como de sus rentas, para que la medida no beneficie por igual a todos los ciudadanos sino a quienes más lo necesitan o a quienes más ahorran.
No obstante, Blanquer ha reconocido que esta opción no cabría actualmente en la normativa europea, por lo que ha instado a los grupos a "no cerrar la puerta a trabajar en este sentido para caminar hacia una fiscalidad más justa", así como a seguir trabajando en una solución a la pobreza energética desde el punto de vista del modelo energético.
MÁS DESIGUALDADES, MÁS POBREZA
Sin embargo, Caridad García, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha insistido en la necesidad de dar luz verde a su iniciativa recordando que las desigualdades se están incrementando con la crisis y que muchas familias están viéndose abocadas a la pobreza.
Por eso, cree que "es necesario que la reforma fiscal no sólo incremente la presión a las rentas más altas sino que también debe rebajar los tipos a los servicios básicos, a los que accede todo el mundo, para que su coste no sea tan excesivo". "Se puede hacer, depende sólo de tener voluntad política", ha instado.
Finalmente, el diputado de CiU Toni Picó coincide en que los servicios esenciales "no gozan del trato tributario acorde a su carácter" y ha negado que la normativa europea imposibilite reducir los tipos a estos servicios argumentando que se puede optar por el gravamen siempre y cuando se comunique a la Comisión Europea y no se ponga en riesgo la competencia. De hecho, ha recordado, la mayor parte de los estados miembros de la UE aplican tipos "mucho más reducidos" que el vigente actualmente en España.