El PP apela al acuerdo entre los grupos sobre cómo tramitar el 'macrodecreto' y rechaza citar a los ministros

Y es que el PSOE ha planteado a la Diputación Permanente de la Cámara Baja --el órgano que sustituye al Pleno durante los periodos no hábiles-- la necesidad de convocar a los titulares de Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Cultura, Empleo, Industria y Economía para que informen sobre los contenidos del 'macrodecreto' que afectan a sus departamentos antes de tramitarlo como proyecto de ley a lo largo del mes de agosto.

Sin embargo, Pujalte ha avanzado el voto en contra de su grupo a esta solicitud recordando que el mismo día que se convalidó el decreto ley por el Pleno, el pasado 10 de julio, los portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios se reunieron con los miembros de la Mesa de la Comisión de Economía para debatir cómo tramitar el proyecto de ley.

APROBACIÓN A FINAL DE AGOSTO

Según el 'popular', en dicha reunión se decidió mantener el periodo de presentación de enmiendas abierto hasta mediados del próximo mes --actualmente el plazo está fijado para el 25 de julio, aunque previsiblemente se ampliará un par de veces--, de modo que se puedan celebrar dos días de Comisión de Economía a finales de agosto, con el objetivo de que el proyecto de ley sea remitido al Senado hacia el día 27 de ese mes.

Durante las dos sesiones extraordinarias de la comisión la intención es que el decreto se debata "pormenorizadamente", para lo cual se dividirán las diferentes materias en bloques de modo que "cada grupo pueda mantener las posiciones que entienda convenientes", ha dicho Pujalte. La votación de las enmiendas y del dictamen se hará, igualmente, "artículo por artículo" si la oposición lo solicita.

"Ése fue el acuerdo, que da cabida a tener un debate sosegado, a que los grupos puedan presentar enmiendas, a que se puedan debatir y a que podamos llegar a acuerdos sobre algunos temas", ha insistido el diputado del PP, que ha ironizado con la utilidad de presentar una solicitud de este tipo en la Diputación Permanente. "Si nos centráramos en dos o tres puntos serios y no en 37 a lo mejor los ciudadanos pensaban que sería más útil", ha dicho en este sentido.

El mismo argumento ha utilizado el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, que no está de acuerdo con utilizar un decreto para modificar tantas normas --de hecho votó en contra de la convalidación--, pero que recuerda que ya hubo un acuerdo sobre cómo tramitar el decreto. "Y por eso no podemos asumir este planteamiento que hace ahora el PSOE", ha añadido, reclamando no obstante al PP que en la tramitación sea "sensible" con las aportaciones de la oposición.

DEBATE A FONDO DE TODAS LAS CUESTIONES

A pesar de estos argumentos, para el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, es necesario que los ocho ministros afectados por el 'macrodecreto' informen a cada comisión parlamentaria, de modo que pueda haber "un debate a fondo" sobre las diferentes cuestiones, que en muchos casos son "esenciales". "Nuestra petición es justa y absolutamente necesaria", ha llegado a decir.

Y es que algunas de las modificaciones legislativas incluidas en la norma suponen por ejemplo la "privatización" del Registro Civil, la "liberalización sin control alguno" de las empresas de trabajo temporal o el cambio del marco retributivo del gas. Y, además, en algunos casos se modifican leyes que llevan aprobadas apenas unos meses, como la de Unidad de Mercado.

"El problema no era y no es la convalidación del decreto, sino esa forma de actuar de (utilizar el decreto) sin ningún tipo de justificación más allá de querer obviar los trámites informativos. Parece como si la información pública, el asesoramiento de los órganos consultivos, fueran meros estorbos, trámites inútiles que merece la pena suprimir", ha añadido, reclamando las comparecencias también para "dignificar" el trabajo parlamentario.

"DEGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"

El presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha ido incluso más allá y ha acusado al Ejecutivo de provocar la "degeneración de la Democracia parlamentaria" con la presentación de un decreto que constituye "una verdadera cacicada" y que supone "dar un paso más en la degradación" de las Cortes.

Y es que también él considera que temas como la privatización de Aena o del Registro Civil son asuntos que tienen la "relevancia suficiente" como para que haya debates individualizados, y ha elucubrado con que las prisas del Ejecutivo por aprobar las medidas --algunas de las cuales no entran en vigor hasta el año que viene-- podría tener que ver con un posible adelanto electoral. "Y, por si se perdieran las elecciones, se quiere dejar atado y bien atado el expolio de lo público", ha añadido.

Tras apuntar que el decreto tiene "claros visos de inconstitucionalidad", Lara ha lamentado que además la figura del decreto obligue a los grupos a votar todo el conjunto y no apartado por apartado, a lo que Pujalte le ha respondido sugiriéndole que proponga a la Comisión que estudia la reforma del Reglamento del Congreso que permita la votación de los decretos por partes y no en bloque.

Finalmente, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha respaldado la solicitud socialista siempre y cuando la comparecencia de los ministros sea "útil" y permita "tramitar con sentido y tranquilidad" este "decretón", aunque ha augurado que este nuevo debate "no servirá para sacar algo positivo" porque las explicaciones tendrían que haberse dado antes de la convalidación de la norma. De hecho, los nacionalistas vascos no participaron en la votación como muestra de su malestar por las formas empleadas por el Gobierno.

SE MANTENDRÁ LA TRAMITACIÓN EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA

Al margen del rechazo a las solicitudes de comparecencias, la Mesa del Congreso, tras escuchar los argumentos de la Junta de Portavoces, ha decidido también rechazar el recurso que PSOE, IU-ICV-CHA y UPyD presentaron la pasada semana para solicitar que se reconsiderara la decisión de que este 'macrodecreto' se tramite en la Comisión de Economía en lugar de en la Comisión Constitucional.

Igualmente, ha quedado rechazada la petición de los mismos grupos de que las comisiones parlamentarias afectadas por las modificaciones de la norma informaran al órgano que tramite el decreto ley sobre los aspectos de sus competencia.