El PP aplaza la inclusión de cláusulas sociales hasta la trasposición de la nueva directiva de Contratación

A pesar de que prácticamente todos los portavoces de los grupos de la oposición han instado a los 'populares' a reconsiderar su postura y a aceptar una iniciativa "de sensibilidad" que, pese a carecer de impacto presupuestario, puede provocar un importante cambio social, el partido que da sustento al Gobierno ha perseverado en su negativa a tramitar el texto.

Así, el portavoz 'popular' de Discapacidad, Francisco Vañó, ha reconocido que la propuesta es "muy loable en cuanto a sus fines" pero que puede perjudicar a la libre concurrencia e igualdad en el acceso a los contratos públicos, uno de los "principios rectores" de la UE. "No conviene desvestir a un santo para vestir a otro", ha recomendado.

NO ES EL MOMENTO

Además, ha recordado que la regulación de la contratación de las administraciones depende también de Bruselas, que "no ha dejado demasiados resquicios" para incluir criterios sociales en la adjudicación de contratos. No obstante, actualmente la directiva en cuestión está "en revisión" por lo que cuando concluya ese proceso y comience la trasposición a la normativa nacional "se podrá reformar en profundidad la actual Ley de Contratos del Sector Público o incluso elaborar una nueva".

"Aún no es el momento de plantear la modificación de esta ley. El PP participa del espíritu de la iniciativa, pero las modificaciones propuestas adolecen de una planificación parcial y muy localizada, que descuida las consecuencias legales y procedimentales en la contratación pública y que presenta graves problemas de adecuación a las exigencias y principios generales de la libre concurrencia e igualdad que deben regir los contratos públicos. No es que nos opongamos rotundamente, sino que no es el momento adecuado y deberíamos esperar", ha añadido Vañó.

El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, había pedido poco antes a los 'populares' que "reflexionen" y sean "coherentes" con sus planteamientos en las diferentes instituciones aceptando tramitar esta proposición, que aspira a "promover una contratación pública responsable para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social".

Así, plantea exigir que se acredite la reserva obligatoria del 2% de discapacitados antes de participar en una licitación si el contrato está vinculado al fomento del empleo, la prohibición de acceder a subvenciones si no se cumple ese requisito, la inclusión en el objeto de los contratos de criterios sociales (como el número de discapacitados que lo ejecutarán o la igualdad entre hombres y mujeres), y la reserva del 7% del importe total anual de la contratación a los Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción.

"Es inevitable que avancemos en esta dirección porque Europa y las administraciones territoriales se mueven en esa dirección. Harían bien el PP y el Gobierno en acompañarnos en ese proceso y no terminar llegando al mismo sitio seguramente tarde y perdiendo oportunidades para atender el principal reto de la sociedad: el paro, sobre todo para las personas que, sin apoyos públicos, no tienen ninguna oportunidad de trabajar", ha añadido el diputado, argumentando que lo que afecta a la libre competencia no son estas medidas sino "el dumping social".

NUEVA CULTURA EMPRESARIAL

Por su parte, la socialista Meritxel Batet defiende que es precisamente en este momento de crisis cuando "tiene más sentido que nunca repensar el papel que la Administración debe jugar en la responsabilidad social empresarial (RSE)", y aboga por dejar atrás el rol de "mero regulador o recomendador" y convertirse en "facilitador y promotor" para "potenciar un cambio de cultura empresarial", aprovechando además el cambio de postura que la UE está viviendo en esta materia.

"Parece lógico primar a quienes sustentan y cumplen con el modelo empresarial que se quiere promover, como se hace por ejemplo con la I+D. Y que la contratación pública, que genera un 18% del PIB, estuviera inspirada en cláusulas sociales sería el principal estímulo para la RSE. Sería una señal inequívoca del modelo social y empresarial por el que se opta", ha añadido la diputada catalana, subrayando además la "imagen positiva del país" que eso proyectaría aplicado también en los contratos en el extranjero.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) opina que ésta es una "gran iniciativa" aunque en algunos aspectos "se queda corta" por lo que habría de mejorarse en su tramitación. No obstante, ha recordado que "la primera cláusula social es tener una legislación laboral que proteja a los trabajadores y cumpla los convenios internacionales". "La propuesta más transformadora que tendríamos que abordar es la derogación de la reforma laboral y, luego, asegurarnos de que las empresas que contratan con la Administración no son generadoras de más precariedad", ha añadido.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que la contratación pública es "un elemento más de la política pública" por lo que se puede utilizar para "incentivar las conductas socialmente deseables y penalizar las que no lo son". No obstante, ha advertido de que habría que "regular bien" este asunto porque "si se abusa puede suponer prácticas proteccionistas" que acabarían perjudicando a los ciudadanos.

RAZONABLE Y ÉTICO

Por el PNV, Emilio Olabarria ha calificado la propuesta de "razonable y, sobre todo ética" y ha señalado que las medidas incluidas "no son desmesuradas sino más bien tímidas, pragmáticas", por lo que ha instado a los 'populares' a replantearse su postura y apoyar la tramitación de la iniciativa, preguntándose por las razones que podrían justificar una negativa.

Joan Tardà (ERC) coincide en que "no se debe contratar con las empresas que ofrecen mejor precio sino con las que ofrecen mayor beneficios sociales" por lo que es "imprescindible" incluir cláusulas en los contratos y condicionar las subvenciones a condiciones sociales. "Ésta es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar", ha añadido, instando también a los grupos a evitar que las empresas que no cumplen los convenios de la OIT a contratar con las administraciones públicas.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, también "cree imprescindible" que la Administración cumpla con la reserva de plazas para discapacitados en su contratación, aunque también defiende que es necesario incorporar otro tipo de cláusulas de responsabilidad como las medioambientales.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que la propuesta de CiU es positiva aunque "mejorable" porque "lo necesario sería un giro radical para introducir las exigencias propias de un Estado social --sociales, medioambientales y éticas-- a las empresas que contraten con la Administración pública" así como "ser más ambiciosos y fijar los criterios de las empresas con las que de ningún modo se debe contratar", como las que defraudan a Hacienda.