El PP intentará esta semana que el Congreso renuncie a la ILP de los sindicatos para una renta mínima

El PP intentará esta semana derribar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una renta mínima de 426 euros a toda persona desempleada, una proposición de ley que fue promovida por CC.OO. y UGT y que el Congreso aceptó tramitar el febrero de este año.

En el Pleno del Congreso del próximo jueves, los 'populares' ofrecerán a cambio crear un grupo de estudio en la Cámara Baja sobre las distintas prestaciones y ayudas que existen en la actualidad, y así sustituir el texto legislativo de la iniciativa impulsada por las organizaciones sindicales.

A pesar de que la ILP fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 2 de febrero, con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT, su tramitación no ha avanzado desde entonces y durante estos siete meses se ha ido prorrogando el plazo de presentación de enmiendas. Ahora se ha desbloqueado el plazo de presentación de enmiendas de totalidad y ahí es donde el PP ha visto hueco para intentar echar abajo el texto de los sindicatos.

El PP, que al igual que Ciudadanos rechazó aceptar a trámite la ILP, propone como alternativa crear por ley un grupo de trabajo que en seis meses estudie el "mapa de prestaciones existente en España" y permita delimitar las competencias de las administraciones central y autonómicas en "la creación, gestión y pago de prestaciones y ayudas", según figura en la enmienda de totalidad recogida por Europa Press.

426 EUROS PARA 2,4 MILLONES DE PERSONAS

En cambio, la proposición de ley impulsada por Comisiones Obreras y UGT busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.