El PP transacciona cuatro enmiendas sobre la Garantía Juvenil, que incorporará al 'macrodecreto'

El Grupo Popular en el Congreso ha transaccionado varias enmiendas con todas las formaciones que se incluirán en el proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que procede del 'macrodecreto' presentado por el Gobierno a principios de julio antes de remitirlo al Senado para que continúe su tramitación. j Del total de las enmiendas pactadas, cuatro hacen referencia a la Garantía Juvenil, uno de los grandes temas del 'macrodecreto'. Además, el Grupo Popular ha aceptado también una enmienda de modificación de ICV, pero se trata de una corrección formal.

Una de las enmiendas pactadas, propuesta por CiU, garantiza la aplicación e implantación del sistema en todas las comunidades y el acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes objeto de atención, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y atendiendo a sus necesidades específicas, con especial dedicación a quienes se encuentren en una situación de desventaja o riesgo de exclusión.

La segunda enmienda, también de CiU, facilita que las comunidades y otras entidades tengan acceso a la información necesaria para desarrollar las aciones de la Garantía Juvenil, mientras que la tercera limita la recepción de acciones educativas que conlleven mas de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud. La última enmienda recoge un cambio propuesto por Izquierda Plural y por CiU.

El portavoz de CiU la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Carles Campuzano, ha celebrado la aceptación de estas enmiendas, aunque ha lamentado que no se haya podido profundizar más en el tema por las prisas del Gobierno, y ha advertido del riesgo de que la Garantía se convierta en una "ocasión perdida" para hacer frente a problemas de fondo del paro juvenil en España.

Por su parte, la diputada socialista Maria Concepción Gutiérrez ha criticado las medidas planteadas por el Gobierno y ha explicado que no podían aceptar otra transaccional que les ha propuesto el Grupo Popular porque desvirtuaba la idea de su enmienda.

Desde la Izquierda Plural, el portavoz de la Comisión de Economía, Joan Coscubiela, se ha mostrado satisfecho por las dos enmiendas que ha recogido el Gobierno, aunque ha denunciado el uso del concepto de "garantía juvenil" para algo que no garantiza ni el empleo ni la formación. Por su parte, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha lamentado que no hayan aceptado ninguna de las propuestas de la formación magenta.

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarría, ha pedido, igual que otros portavoces y diputados, que el límite de edad de la Garantía se eleve a 30 años, aunque la diputada 'popular' Maria Cristina Álvarez Arenas, le ha recordado que otras medidas del Gobierno, como la Estrategia de Empleo Joven, incluyen a este grupo de personas que nunca "han sido despreciados" por el Gobierno.

CRÍTICAS POR EL 'MACRODECRETO'

Pese a los acuerdos para transaccionar algunas enmiendas, toda la oposición en bloque ha criticado al Gobierno por gobernar a golpe de decretazo e incluir en un misma norma reformas dispares que no tienen nada que ver entre sí y que, para muchos de los portavoces y diputados, no ayudarán a superar la crisis económica.

En concreto, el diputado del PSOE Feliz Lavilla ha denunciado las formas del Gobierno y las medidas que aprueba que, a su parecer, se han improvisado, no darán respuesta a las necesidades de la economía española y copian modelos que no funcionan.

El portavoz de CiU en la Comisión, Josep Sánchez Llibre, el de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, y el del Grupo Vasco, Pedro Azpiazu que también han lamentado el abuso del decreto para imponer medidas de este calibre, han criticado, sobre todo, la vulneración de algunas competencias de las comunidades a través de iniciativas recentralizadoras en materias como el comercio minorista, horarios comerciales, zonas turísticas e implantación de grandes superficies. En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, Rafael Larreina.

EL PP SOSTIENE QUE ERA NECESARIO

En cambio, desde el Grupo Popular, el portavoz de la Comisión, Vicente Martínez Pujalte, ha explicado que el Gobierno optó por el decreto ley porque era necesario aprovechar la coyuntura económica para transformarla en bienestar y afianzar el crecimiento. "Para hacer llegar a los ciudadanos la recuperación de manera real", ha indicado, tras asegurar, sin embargo, que el Gobierno está intentando que haya un diálogo amplio en la tramitación para que cada grupo pueda decir lo que piensa.

El segundo bloque de medidas, más centradas en las competencias del Ministerio de Fomento, ha sido fuertemente criticado por los grupos parlamentarios. Todos ellos han denunciado que el Gobierno pretenda la "privatización total" de Aena y han pedido al Ejecutivo que acepte algunos de los cambios que proponen las distintas formaciones.

"No juguemos con las cosas de comer", ha pedido el portavoz socialista de la Comisión de Fomento, Rafael Simancas, poco antes de que su homólogo de CiU advierta al Grupo Popular de que está "solo" en esta batalla. Para la portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, vender parte de Aena es "expoliar el patrimonio público y regalar una marca con reconocimiento y prestigio", mientras que Carlos Gorriarán (UPyD) ha considerado "chapucera" la ley y se ha mostrado convencido de que la privatización se verá sometida a constantes ajustes por la "falta de calidad legislativa".

PP: "NO SE REGULA LA PRIVATIZACIÓN DE AENA"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Fomento, Andrés José Ayala Sánchez, ha respondido a las críticas asegurando que el 'macrodecreto' no regula la enajenación de Aena, sino la actividad aeroportuaria. "Se están inventando que se esté propiciando la venta total de Aena", ha dicho Ayala, tras asegurar que la fórmula que aplicará ahora España es muy similar a la de otros países como Francia, Reino Unido o Alemania.

Por otro lado, los grupos han criticado también la gran mayoría de las iniciativas que contempla el proyecto de ley en materia energética que, según alguno de ellos como José Segura Clavell (PSOE), debilitan aún más el sector y la economía en su conjunto. Pese a las críticas, Apiazu (PNV) y Sánchez Llibre (CiU) han asegurado que en esta materia también se podrán encontrar nuevos puntos de encuentro con el Gobierno para transaccionar más cambios.

También ha habido críticas a las medidas fiscales, ámbito en el que el PSOE ha reclamado una reforma integral y profunda con medidas efectivas de lucha contra el fraude fiscal. IU-ICV ha solicitado que sean los bancos los que paguen las plusvalías municipales de las que se eximirá a quienes opten por la dación en pago, mientras que CiU ha propuesto que los cambios fiscales sobre las participaciones preferentes se puedan aplicar a cualquier ejercicio no prescrito, y no sólo al de 2014, y coincide en reclamar una mayor bajada (hasta el 15%) de las retenciones a los autónomos.