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El PSOE pide una auditoría de la CNMV a todas las preferentes de entidades no financieras y rechaza quitas

El PSOE ha registrado, para su debate en la Comisión de Economía del Congreso, una proposición no de ley con la que pide que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) audite todos los casos de comercialización de participaciones preferentes por parte de entidades no financieras (como Eroski o Fagor) y rechaza que se aplique ningún tipo de quita a los tenedores de estos productos.
La iniciativa, que el portavoz adjunto de Economía en la Cámara Baja, Antonio Hurtado, ya adelantó a Europa Press, señala que a marzo de 2013 existían en España 5.101 millones de euros en participaciones preferentes comercializadas por bancos entre 191.852 minoristas pero emitidas por entidades no financieras como Endesa (181 millones), Repsol (3.000 millones), Fagor (185 millones), Eroski (660 millones), Sol Meliá (106 millones), SOS Cuétara (300 millones), Telefónica (58 millones) y Unión Fenosa (609 millones), entre otras corporaciones.
Así, tras el anuncio de que Eroski había llegado a un acuerdo con las entidades bancarias para canjear sus preferentes con una quita del 30% del valor nominal y entregando un 15% en efectivo y el 55% restante en bonos a doce años, los socialistas han rechazado esta posibilidad y han exigido que no haya pérdida de inversión entre los clientes minoristas, a quienes se les vendieron estos productos "de forma fraudulenta y opaca".
NO PUEDEN IR AL ARBITRAJE
Dado que para estos ciudadanos no existe la opción de acudir al arbitraje --como se ha autorizado para los preferentistas de las entidades bancarias nacionalizadas--, el PSOE quiere que el Gobierno "regule" las operaciones de canje permitidas a las entidades emisoras prohibiendo "ningún tipo de quita al nominal de la inversión" y ofreciendo como posibilidad en todos los casos el cambio de los títulos híbridos por bonos de la empresa con un plazo no superior a los tres años.
Pero, además, los socialistas quieren que la CNMV audite de oficio la comercialización de todas las preferentes por parte de entidades no financieras para "comprobar si se ha cumplido con las exigencias establecidas de protección a los clientes de productos híbridos".
"En caso de comercialización fraudulenta, la CNMV debe instar a la entidad bancaria que la ha comercializado a que devuelva a los clientes el valor nominal de la inversión mediante la adquisición de las preferentes por parte del banco", añade la iniciativa.