PSOE pedirá hoy en el Congreso que la solvencia del empresario no cuente para regularizar a un extranjero

El portavoz adjunto de Economía de los socialistas, Antonio Hurtado, explica en su iniciativa, que recoge Europa Press, que muchos inmigrantes que están trabajando de forma irregular en España se encuentran con "dificultades añadidas" al intentar regularizar su situación por culpa de la Administración.

Y es que a la hora de obtener el arraigo social, imprescindible para conseguir el permiso de residencia, se encuentran muchas veces con la denegación de la Administración porque el contrato laboral que aportan corresponde a un empresario que tiene deudas con Hacienda o con la Seguridad Social.

Esta exigencia perjudica "enormemente" a estos ciudadanos, que sufren un "trato discriminatorio" ya que los españoles no sufren los efectos de ser contratados por un empresario insolvente o con deudas con la Administración.

LA LEY NO LO EXIGE

Además, Hurtado recuerda que según la normativa vigente para obtener el arraigo social no hace falta acreditar la solvencia del empresario, a diferencia de lo que sucede para conseguir el permiso por cuenta ajena inicial, por lo que la mera solicitud por parte del empresario de un aplazamiento de la deuda debería ser suficiente para conceder el permiso de residencia al inmigrante.

"Hace unos años, cuando se necesitaba mano de obra, distinguíamos entre cuenta ajena inicial y arraigo social, y así se concedían todos los permisos sin inspeccionar al empresario. Actualmente, para denegar los permisos de trabajo, se deja sin contenido el arraigo social y se tratan estos casos como permisos por cuenta ajena inicial, con inspecciones al empresario", critica el diputado cordobés.

En la misma línea, Hurtado señala que "es difícil de entender" que mientras la Seguridad Social tiene déficit se pongan trabas a quienes quieren regularizar su situación y cotizar, aduciendo además a la situación de solvencia de su empleador.

Por ello, el PSOE quiere que el Gobierno asegure que se exigen únicamente los requisitos fijados en la legislación de contratación laboral para "evitar la discriminación" de los inmigrantes sin permiso de residencia que quieren regularizar su situación en España. Y, para ello, reclama que no se tengan en cuenta condiciones como la solvencia del empresario para conceder el arraigo social.