Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El PSOE propone en el Congreso una ley para crear una nueva tarifa social energética controlada por la CNMC

Pide incrementar al menos un 5% el Salario Mínimo en 2016 y doblarlo en los próximos ocho años
El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso sus primeras iniciativas parlamentarias de carácter económico para la XI legislatura, que apenas ha comenzado, incluyendo entre ellas una propuesta normativa con la que crear una nueva tarifa social para el gas y la electricidad que dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En su texto, que recoge Europa Press, los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos.
Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.
A FINANCIAR CON LOS PRESUPUESTOS
A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa.
Ese precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico.
El déficit de ingresos que sufrirían las empresas energéticas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos del Estado.
POBREZA ENERGÉTICA
Además, los socialistas incluyen en su iniciativa un procedimiento para reconocer los casos de pobreza energética a las familias que destinen más del 10% anual de su renta al pago de los suministros y que cumplan ciertas circunstancias a determinar reglamentariamente, junto con otros requisitos como la localización de la vivienda, el grado de eficiencia o el número de miembros en la familia.
A quienes se reconozca esta situación no se les podrían cortar los suministros indispensables para la salud ni tampoco las fuentes de energía durante los periodos más fríos, en función de un calendario estacional según las zonas climáticas. Igualmente, las suministradoras habrían de pedir permiso para cualquier desconexión, que en ningún caso tendría lugar antes de seis meses desde el primer requerimiento de pago.
El PSOE incluye también en su texto la previsión de que, en seis meses, el Gobierno apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética usando fondos del Presupuesto a complementar por comunidades y ayuntamientos, mediante actuaciones como créditos preferentes para la rehabilitación o fomento de las renovables en los hogares.
BUSCAR EL ACUERDO PARA OTRAS PROPUESTAS
Por otra parte, el PSOE ha optado por la vía de la proposición no de ley para plantear sus otras cuatro prioridades en el ámbito económico, de modo que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a iniciar negociaciones en ciertos temas para conseguir reformarlos con el mayor consenso posible.
En primer lugar, pide derogar la reforma laboral del PP, cuyo balance es "desolador", y abrir un proceso de diálogo social para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que "recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales". En este sentido, los socialistas no precisan ningún detalle sobre su punto de partida en las negociaciones en temas clave como las indemnizaciones o las causas objetivas de despido.
Por otra parte, se plantea la necesidad de incrementar al menos un 5% el Salario Mínimo Interprofesional esta legislatura y continuar avanzando para, a lo largo de los próximos ocho años, llegar al 60% del salario medio que propugna la Carta Social Europea desde el 34,3% en que se situó en 2014.
Otra iniciativa parlamentaria recoge una de las medidas estrella del programa electoral del PSOE como es la creación de un ingreso mínimo vital para las familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Este ingreso consistiría, por una parte, en una prestación no contributiva de la Seguridad Social igual al 80% del IPREM mensual y que se incrementaría en función del número de miembros a cargo en la unidad familia y, por otra parte, en el incremento de la cobertura y la cuantía de la prestación por hijo a cargo según la renta familiar y los ingresos del hogar, sin tener en cuenta la situación laboral de los padres.
RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO
La cuarta proposición no de ley del PSOE critica que la forma de actuar del Gobierno 'popular' durante la pasada legislatura ha "implicado una grave ruptura de los consensos políticos y sociales" del Pacto de Toledo y aboga por recuperar "de forma urgente" esa forma de acodar en relación con el sistema público de pensiones.
Algo que debe promover el nuevo Gobierno como "expresión de consenso político y diálogo social" con el objetivo de "acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones", así como "fortalecer la viabilidad" del sistema público mediante el establecimiento de fuentes "alternativas y complementarias" de financiación.
Finalmente, los socialistas proponen crear una comisión de expertos que en un plazo de seis meses analice y proponga medidas para mejorar el sistema tributario en aras a "incorporar la riqueza" a la tributación y desplazar el peso de la fuerza de trabajo, ampliar las bases imponibles, hacer el sistema más progresivo y simplificado, y avanzar en la lucha contra el fraude.
En este sentido, la propuesta del PSOE sí explicita los cambios fiscales que deberían aplicarse hasta que el nuevo modelo entrara en vigor en los Presupuestos de 2017, modificaciones que ya estaban recogidas en el programa electoral socialista y cuyas principales ideas son crear un tipo mínimo del 15% para Sucesiones y Patrimonio y para el Impuesto de Sociedades, rebajar el IVA cultural y crear nuevas figuras tributarias medioambientales, entre otras cosas.