El PSOE propone crear un Consejo Nacional para la Transformación Digital que pilote la revolución 4.0

Así consta en una proposición no de ley que los socialistas han registrado para su debate en la Comisión de Industria del Congreso y que recoge Europa Press, en la que se destaca el impacto sobre el mercado de trabajo que tendrá la transformación digital de la economía y se advierte de que "sin la acción mediadora y protectora" de los estados pueden generarse brechas sociales y económicas.

"Para afrontar estos cambios trascendentales en la producción y en el mercado laboral y sus consecuencias es necesario adoptar un plan de acción coordinado entre las distintas administraciones que garantice una adaptación que no deje atrás a los más desfavorecidos y que mejore nuestra competitividad", insisten.

IMPULSAR LA ECONOMÍA 4.0

Por eso, para la impulsar la economía 4.0, el PSOE cree que hace falta aprobar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que incluya la Agenda Digital 2020 y que sea aplicada por un nuevo Consejo Nacional para la Transformación Digital en el que participen actores públicos y privados. Igualmente, considera necesario crear un Observatorio Digital que vigile y haga transparente el proceso.

Entre las prioridades que deberían incluirse en esta Estrategia Integral se incluye una agenda de inversiones en infraestructuras de banda ultra-ancha y servicios de contenidos "seguros y fiables" que permitan que este servicio sea universal al finalizar la próxima legislatura y que garanticen una conexión de calidad en todo el país.

Además, hace falta asegurar la capacitación digital de los ciudadanos y las empresas así como adaptar la educación a las necesidades de la actividad económica, generar mecanismos de transferencia del conocimiento "más ágiles" entre el sector educativo y el productivo, y fomentar la creatividad y la formación permanente mediante políticas activas de empleo.

Las pymes deberían contar con planes sectoriales y de apoyo específicos para no quedar atrás en esta revolución, y también habría que potenciar el papel internacional de las empresas como proveedoras de servicios, sobre todo tecnológicos, desde España.

Asimismo, la administración electrónica debería recibir un nuevo impulso, se debería garantizar una normativa estable y habría que garantizar en España una inversión del 3% del PIB en I+D+i e impulsar en Bruselas la regla de oro para que estas inversiones no computaran en el déficit público.