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PSOE pide aplicar la Garantía Juvenil a jóvenes de hasta 30 años y reducir al 15% las retenciones a autónomos

El PSOE propone al Gobierno extender las medidas de fomento del empleo incluidas en la Garantía Juvenil a los jóvenes de hasta 30 años --o 35 años en el caso de discapacitados--, reducir al 15% las retenciones de IRPF para los autónomos y que las compras de menos de 20 euros estén exentas de comisiones por el pago con tarjeta.
Ésas son algunas de las más de 80 enmiendas parciales que el principal partido de la oposición ha registrado en el Congreso al 'macrodecreto' de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que se tramitará como proyecto de ley en dos sesiones de la Comisión de Economía que tendrán lugar la próxima semana.
La norma, contra la que los socialistas presentaron --junto con IU-ICV-CHA y UPyD-- un recurso de inconstitucionalidad, afecta a una treintena de leyes de nueve ministerios. Por eso, el PSOE presenta una amplia batería de enmiendas con la intención de "corregir el abuso en que ha incurrido el Gobierno con la aprobación del 'macrodecreto' y el carácter propagandístico de muchos de sus preceptos".
MEDIDAS ECONÓMICAS
Así, se sugiere reducir aún más de lo propuesto por el Gobierno las comisiones que se cobran por el uso de tarjetas, pasando del 0,2% al 0,1% en el caso de las de débito y del 0,3% al 0,2% en las de crédito. "En ambos casos, cuando el importe de la operación no exceda de 20 euros, estará exenta de tasa", añade la enmienda.
El PSOE también cree que es necesario "revisar" el sistema de protección pública de los consumidores y usuarios de servicios financieros que ofrecen las administraciones para "evitar posibles abusos y malas prácticas" en el sector, y propone crear una Agencia de Protección Financiera en la que estén integrados los supervisores y las autoridades nacionales y autonómicas de consumo.
Para impulsar la actividad económica de manera más decidida, se plantea elevar de 1.200 a 3.000 millones de euros el programa de garantías y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para este año, crear un Banco Público de Inversiones que favorezca la financiación y la internacionalización de las empresas, e incentivar a las entidades de crédito a conceder financiación a las pymes en fase de crecimiento en mejores condiciones, con un importe máximo de 2 millones de euros por empresa.
Asimismo, se reclama información periódica al Congreso sobre el impacto de las reformas ya aprobadas en materia de comercio interior y una moratoria de cinco años en los contratos de arrendamiento de locales comerciales, así como "acciones específicas" para que este tipo de negocios eviten el cierre.
GARANTÍA JUVENIL
Otro bloque de enmiendas se refieren a la regulación de la Garantía Juvenil, que a juicio del PSOE debería extenderse a todos los menores de 30 años, o de 35 años en el caso de discapacidad igual o superior al 33%, y no limitarse a los jóvenes de entre 16 y 25 años --30 años en el caso de minusvalía-- que no estén trabajando ni estudiando.
Además, el PSOE cree que este programa debe integrarse en el Sistema Nacional de Empleo y no actuar "en paralelo", de modo que sus beneficiarios participen de todas las acciones de formación, recualificación, mejora de la empleabilidad, apoyo al autoempleo y el emprendimiento, orientación e inserción de los servicios públicos autonómico y estatales, así como a otras bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
En este ámbito, los socialistas creen que sería mejor bonificar contratos formativos que se transformen en indefinidos, así como ampliar a cuatro años el periodo en el que las empresas o autónomos que contraten de forma indefinida a un beneficiario de la Garantía Juvenil de especial prioridad puedan acceder a estas ayudas. Asimismo, las bonificaciones deberían darse a la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en tiempo completo en lugar de destinarse a la economía social y el autoempleo.
Finalmente, se reclama que todos los fondos europeos destinados a este programa se repartan entre las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de Políticas Activas de Empleo, y que se articule el sistema a través del servicio público, quedando el papel de las ETT acotado a la inserción de colectivos con dificultades y parados de larga duración.
CAMBIOS EN LA FISCALIDAD
Con respecto a los cambios tributarios que se incluyen en el proyecto de ley, el PSOE quiere reducir aún más --del 19% propuesto al 15%-- las retenciones en el IRPF que se aplican a los autónomos, volviendo así al nivel previo a la subida aprobada por el Gobierno. Asimismo, se sugiere incrementar una décima, hasta el 0,4% el tipo aplicable al Impuesto sobre los depósitos bancarios.
En cualquier caso, los socialistas ven necesario aprobar una reforma fiscal verdaderamente integral, ya que los tres proyectos de ley presentados por el Gobierno para modificar el IRPF, el Impuesto de Sociedades y otras figuras "no representan una modificación sustancial del sistema ni responden a sus verdaderas necesidades", entre ellas la de luchar contra el "aumento insoportable de la desigualdad social" que se ha producido en los años de crisis.
Por eso, el PSOE aprovecha la tramitación de este 'macrodecreto' para plantear algunas de sus propuestas en la materia, como fomentar la "tributación efectiva la capacidad económica derivada de la riqueza patrimonial, valorándose el patrimonio de forma homogénea y sin excepciones"; fijar un mínimo exento "lo suficientemente elevado para no incrementar la carga fiscal de las rentas medias", o mantener el Impuesto de Patrimonio, cuya supresión está prevista para 2015.
En cuanto a Sociedades, aboga por "recomponer" la base de tributación, afectada por "una maraña de numerosas exenciones y deducciones", estableciendo un "impuesto mínimo del 15% sobre el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de la empresa que evite la doble imposición y elimine las consecuencias del excesivo endeudamiento".
También se reclama rectificar "urgentemente" el "extraordinario, injusto y desproporcionado" incremento del IVA cultural al 21%, aprobar incentivos fiscales realmente "eficaces" para la industria cinematográfica, e incrementar en 5.000 personas los efectivos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude fiscal.
OTRAS MEDIDAS
El resto de enmiendas socialistas hacen referencia a otros aspectos incluidos en el proyecto de ley. Por ejemplo, instan al Gobierno a adecuar "con carácter inmediato" la normativa española de desahucios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de modo que el deudor pueda recurrir sentencias desfavorables como ya pueden hacer los acreedores y que, "hasta entonces, queden suspendidos los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria contra la vivienda habitual".
Asimismo, se propone atribuir a los secretarios judiciales la gestión del Registro Civil para "anular la privatización" que, a juicio del PSOE, persigue el Ejecutivo. Y se reclama que el nuevo Fondo Nacional de Eficiencia Energética apoye expresamente a la mejora de edificios residenciales, comerciales, públicos y privados.