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El PSOE achaca el cambio del Gobierno respecto de la liquidación de bancos a una "imposición de la troika"

El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, achaca el cambio de actitud del Gobierno con respecto de la posibilidad de liquidar bancos que no sean rentables a que se trata de una "imposición de la troika" previa a la concesión de ayudas financieras.
Así lo pone de manifiesto en un 'tuit' que recoge Europa Press, en el que el diputado recuerda que "el Gobierno ha pasado del 'no se liquidarán bancos' al 'se liquidarán bancos'". "¿Cambio de opinión o imposición de la troika? Creo que lo segundo", afirma.
Y es que, según el borrador de un real decreto ley que el Gobierno prevé aprobar este viernes o el próximo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se encargará de la liquidación de entidades financieras inviables, y podrá requerir el cese y sustitución de gestores de bancos para evitar su deterioro. Además, se precisa que las entidades se considerarán inviables si es "razonablemente previsible que en un futuro próximo" vayan a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir puntualmente con sus obligaciones exigibles.
El pasado mes de junio, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, defendió la opción de liquidar entidades financieras de forma ordenada si los costes de reestructuración para reflotarlas suponen un mayor esfuerzo para el contribuyente.
PIDIERON LA DIMISIÓN DE ALMUNIA
Entonces, responsables del Gobierno como el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, aseguraron que no tenía intención de seguir esta vía, y diputados 'populares' como el portavoz adjunto del Grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, y el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz pidieron la dimisión del comisario europeo por "deslealtad" contra España.
Unos días más tarde, el portavoz 'popular' en la Cámara baja, Alfonso Alonso, volvió a cuestionar a Almunia, reprochándole que "no hablaba como ahora" durante la pasada legislatura, y le pidió "discreción, prudencia y sentido de Estado", aunque negó que esas críticas supusieran una petición de dimisión, sino sólo un reproche a quien "se excede del papel que tiene encomendado y se dedica a otras cosas o a interferir en las políticas internas de los estados".