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PSOE apuesta por obligar a las empresas a pagar lo mismo a trabajadores propios y subcontratados

El PSOE apuesta por obligar a las empresas españolas a pagar lo mismo a los trabajadores que subcontrata y a sus propios empleados, y para ello propone un cambio a incluir en la futura reforma del Estatuto de los Trabajadores que promoverá si llega al gobierno tras las elecciones generales del 26 de junio.
Así figura en una proposición de ley que los socialistas registraron en el Congreso y que ya no será debatida, por la disolución de las Cortes, pero que previsiblemente será promovida en la próxima legislatura dentro del proceso de negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
En concreto, la propuesta parlamentaria, que recoge Europa Press, plantea añadir dos nuevos párrafos al artículo 42 del Estatuto, relativo a la 'Subcontratación de obras y servicios', para obligar a las empresas a garantizar a los trabajadores afectados por una contrata las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo de la compañía principal o, en su caso, "las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente".
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En este sentido, el texto precisa que por condiciones laborales y de empleo se entienden la remuneración y el salario, las condiciones de contratación, el tiempo de trabajo y descanso, la igualdad, los protección frente a los riesgos laborales, y la maternidad, lactancia y paternidad.
Para que se considere que ha habido una subcontratación, la empresa principal deberá tener entre sus actividades principales o nucleares aquellas actividades que contrata, y requerir la aportación de mano de obra que desarrolle funciones profesionales en relación directa con dichas actividades.
Con estos cambios, el PSOE considera que se conseguirá dotar de seguridad jurídica a esta modalidad económica, se evitará la competencia desleal entre empresas basada en la degradación de las condiciones laborales y salariales, la precariedad y la rebaja de la calidad de los servicios; y se asegurará que quienes trabajan en un mismo lugar tienen garantizadas las mismas condiciones.
Todo ello dentro de una economía de mercado que reconoce a las empresas la libertad de dirigir y organizar su actividad, incluyendo la posibilidad de externalizar actividades, pero que también exige una adaptación de la normativa laboral para ajustarse de manera "óptima" a esta forma de operar.