El PSOE pide obligar a los bancos a hacer un depósito para afrontar sanciones por reclamación de preferentes

Éstas son algunas de las medidas recogidas en el informe que el PSOE ha presentado este martes ante la subcomisión, con el ánimo de que sean incluidas en las recomendaciones finales que el Congreso envíe al Gobierno, con la vista puesta en que se mejore la protección de los ciudadanos, se avance en la transparencia y se eliminen las "disfunciones" del sector financiero.

"Un objetivo prioritario para superar la crisis financiera debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos en las entidades bancarias y mejorar la transparencia", recuerdan. Así, proponen por ejemplo que las entidades financieras estén obligadas a realizar un depósito previo ante los Servicios de Reclamaciones, de tal manera que se pueda llegar a perder ese dinero en el caso de que se dé la razón al cliente en reclamaciones sobre participaciones preferentes. "Se pretendería así incentivar los acuerdos de las entidades con sus clientes", señalan.

PODER DAR MARCHA ATRÁS

Además, piden prohibir la comercialización de preferentes y deuda subordinada entre minoristas y limitar este producto a inversores cualificados, profesionales o institucionales que, en cualquier caso, deberán dar su consentimiento informado y deberán contar con entre 24 y 48 horas para poder dar marcha atrás en su inversión.

El producto debería ir acompañado asimismo de una ficha con sus datos esenciales y de una calificación de riesgo a modo de código de colores, y antes de su venta se deberían plantear distintos escenarios de posibles evoluciones del valor del producto, así como informar trimestralmente sobre su valor razonable.

Finalmente, el PSOE pide que se regulen las operaciones de canje de preferentes y deuda subordinada aún en manos de minoristas para que puedan acceder a esta posibilidad de forma voluntaria, recuperando el valor nominal de su inversión y pudiendo optar al canje por depósitos a un plazo no superior a tres años.

HIPOTECAS

En relación con las hipotecas, las propuestas socialistas pasan por declarar una suspensión de las ejecuciones durante tres años para vivienda habitual y locales de negocio de familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de sus ingresos netos.

También reclaman que los tribunales puedan denegar de oficio la ejecución si detectan cláusulas abusivas, que deberían ser causa de oposición al procedimiento, y que el Ministerio Fiscal pueda comparecer en defensa de los derechos de los afectados si el deudor no está presente en la ejecución.

Garantizar una mayor independencia de las tasadoras, evitar que el valor de tasación pueda ser inferior al que se fijó al concederse el préstamo, habilitar un procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria o modificar el proceso de subastas para que, si hay postores, el porcentaje del valor se eleve para evitar malvender mientras que si no hay postores se impida la adjudicación por una cantidad excesivamente baja y se prevea la dación en pago son otras de sus propuestas.

Los socialistas reclaman asimismo limitar los intereses de demora y paralizar su devengo durante el procedimiento de ejecución de la vivienda habitual y reducir estos intereses al valor legal del dinero; y también exigen más medidas para prevenir el sobreendeudamiento (como prohibir hipotecas a más de 30 años o por más del 80% del precio de tasación, o limitar la variabilidad de los tipos) y una Ley de Segunda Oportunidad para casos de insolvencia sobrevenida no dolosa, que incluyan un procedimiento extrajudicial a través de un Convenio de Acreedores con Intervención Notarial.

Con respecto a las medidas que ha ido adoptando el Ejecutivo en este año y medio, proponen obligar a todas las entidades financieras a suscribir el Código de Buenas Prácticas y hacerlo permanente, ampliar el umbral de exclusión social para que puedan acogerse a sus medidas más familias, crear un parque público de viviendas de alquiler social y reducir la renta anual que se ha de pagar por el alquiler de un piso objeto de dación en pago.

Finalmente, plantean que el ICO habilite una línea de crédito para facilitar el "aplazamiento temporal y parcial" de las obligaciones de pago del 50% de las cuotas hipotecarias a personas de especial vulnerabilidad, eximir de tasas judiciales a estas familias, y fijar unos contratos tipo donde se destaque la información más importante (tipos de interés, duración, etc.) y que incluyan el consentimiento informado y expresamente prestado del deudor, particularmente sobre las cláusulas más controvertidas como las de vencimiento anticipado.

OTROS CAMBIOS

Los socialistas recogen entre sus propuestas de recomendación que se obligue a todas las entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo de todos sus contratos hipotecarios, que se ofrezca a quienes tenían una hipoteca referenciada al IRPH poder sustituirlo por el Euríbor más 1% como máximo, eliminar con carácter retroactivo los swaps comercializados e indemnizar a los clientes, y establecer restricciones para que las entidades no puedan obligar a los clientes a suscribir productos que no desean para poder acceder a otros que sí necesita.

En materia de seguros, considera que hace falta introducir una "mayor claridad" en la redacción de las pólizas y reforzar la información que se da a los consumidores, así como "favorecer la comparabilidad de todos los seguros vinculados a los préstamos hipotecarios" y aplicar test de idoneidad a los seguros de vida con componentes de inversión.

Con respecto a los intereses, cree que hace falta limitar al 15% TAE el tipo máximo aplicable en los préstamos rápidos al consumo, obligar a las entidades financieras a informar por escrito (por carta o e-mail) de cualquier cambio en las comisiones pactadas, y que el Banco de España limite los servicios por los que se puede cobrar comisión y publique periódicamente el precio que aplica cada banco.

El PSOE plantea también que el Banco de España y la CNMV (y no sólo los tribunales) puedan exigir a los bancos resarcir a un cliente a quien se le ha dado la razón tras una reclamación, que la Comisión del Mercado de Valores tenga potestad para concretar los servicios de asesoramiento en materia de inversiones y la metodología de la evaluación de la conveniencia y la idoneidad; y que se informe de las sanciones graves o muy graves impuestas sin tener que esperar a la resolución.

Con relación a los consumidores, propone que en los últimos cursos de la Secundaria se impartan conocimientos financieros y que el cliente pueda definir su propio perfil inversor que los bancos deberán respetar, y que se debería registrar en el Banco de España. Finalmente, plantea cambios para regular mejor los mercados financieros, para diferenciar entre intermediarios asesores y banca comercial, para agilizar la resolución de conflictos con alguna fórmula de 'tribunal de pequeñas quejas' vinculante y eficiente, y para mejorar la defensa del consumidor a través del Banco de España.

También exige que se prohíban los incentivos en la gestión de carteras y asesoramiento en inversiones en línea, y que sea obligatorio presentar ofertas vinculantes. El PSOE acepta por último los cambios normativos propuestos por la CNMV sobre asesoramiento, incentivos o información del estado de posición, entre otros.