El PSOE debe afinar su programa en materia fiscal para recuperar la clase media, según Gestha

En una nota de prensa, Gestha pide al partido liderado por Pedro Sánchez que afine más algunas medidas para lograr una redistribución equitativa de los ingresos que realmente corrija los efectos más adversos de la crisis económica.

En concreto, propone reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas; aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF; y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

Por otra parte, echa en falta medidas para efectuar un mayor control fiscal a las SICAV, que, por el contrario, el programa electoral socialista sí recogía. En este sentido, los técnicos sugieren que se modifique el reglamento de instituciones de inversión colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

En cambio, valora positivamente las propuestas de llevar a cabo una reforma integral de la riqueza y reformar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el del Patrimonio para establecer un mínimo común para toda España. Asimismo, comparte la necesidad de reformar Sociedades para que asegurar una tributación mínima del 15% a todas las empresas y de implementar el Impuesto a las Transacciones Financieras.

En concreto, los técnicos creen que la tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones empresariales, que actualmente tributan al 6% de su resultado contable, igualará el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías con el de las pymes, lo que permitirá una recaudación adicional de 7.300 millones.

A su parecer, se debe "afinar más la puntería" en esta medida y elevar el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones que ingresen más de un millón de euros de beneficio al año, lo que podría recaudar otros 5.700 millones. Así, la combinación de ambas medidas lograría un total de 13.000 millones extras cada año, cifra que se incrementaría con la reducción de beneficios fiscales que acumulan mayoritariamente 22.000 grandes empresas, apenas el 1,6% del censo empresarial.

En el ámbito de la lucha contra el fraude, el colectivo también valora la inclusión de algunas de sus peticiones históricas, como una nueva oferta de empleo público para aumentar en más de 5.000 efectivos la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) o la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, desde los 2.500 euros que se permiten actualmente.

Igualmente, celebra que el PSOE proponga una mayor coordinación y colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones territoriales, que los técnicos concretan en compartir una base de datos fiscales única para el control tributario en ambas administraciones.

Por el contrario, desaconsejan que la Oficina de Lucha contra el Fraude quede integrada en la Agencia Tributaria, puesto que debe depender de Presidencia del Gobierno e integrar a distintos departamentos de la Administración, como la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Catastro, UCO, UDEF, CNI, y colaborar igualmente con las demás Administraciones Territoriales.

AFLORAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Por otra parte, Gestha considera que el programa debería incorporar la elaboración de informes oficiales por parte de expertos independientes para conocer la verdadera cifra de economía sumergida en España y el volumen de fraude fiscal y laboral.

Igualmente, ve "imprescindible" que las entidades financieras que operan en paraísos fiscales a través de filiales faciliten la información de las personas o entidades que sean titulares de productos financieros en dichas filiales para reducir la evasión fiscal que se realiza por estas vías, incorporando medidas sancionadoras que puedan derivar en los casos más graves en la retirada de la ficha bancaria.

Por otro lado y aunque el borrador contiene "pinceladas" para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público, los técnicos creen que faltan medidas concretas para controlar este gasto, algo "esencial" para que el déficit no se dispare. Aunque pedirían a Bruselas más plazo para cumplir con el objetivo de déficit, habría que reforzar la Intervención General del Estado para garantizar la calidad, transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.