Podemos propone un bono social para la luz y el gas de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad

La proposición de ley, que recoge Europa Press, plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en diciembre de 2013, y una regulación similar para el ámbito del gas. En ambos casos el objetivo es establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta y evitar que se corte el suministro a familias que no pueden pagar sus facturas.

Así, el Gobierno definirá lo que se considera un 'hogar vulnerable' y actualizará los parámetros para medirlo --que no se limitarán a la renta-- cada año, incluyendo en todo caso a los hogares en situación de pobreza relativa y severa según los estándares del Instituto Nacional de Estadística.

COMPATIBLE CON OTRAS AYUDAS

Serán los servicios sociales los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de una familia y su grado, lo que le dará derecho a acceder a un bono de acceso a suministros para cubrir las necesidades básicas de electricidad y gas, cuya cuantía irá aumentando conforme mayor sea el grado de pobreza.

El bono se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta el límite que cada año el Ministerio de Energía fije como Consumo Mínimo Vital mensual, tanto para el gas como para la electricidad.

Así, los hogares con grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de las facturas, y el porcentaje se irá reduciendo en función del nivel de pobreza y en las cuantías que determine el Gobierno.

Las condiciones de acceso se podrán mantener durante un ejercicio y se revisarán anualmente, pudiendo prolongarse de manera indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad.

Si el hogar ya percibe alguna otra ayuda pública para paliar su situación de pobreza energética, el importe que le corresponda de ese bono se ajustará para no superar los límites máximos.

CORTE DE SUMINISTRO

Por otra parte, la formación morada pretende con su proposición de ley impedir que las empresas energéticas puedan cortar el suministro de la vivienda habitual de las familias vulnerables.

Para ello, antes de cualquier corte los servicios sociales deberán verificar la situación del hogar, con un plazo máximo de 60 días para resolver y el régimen de silencio positivo. Es decir, que si en ese plazo no hay respuesta de la Administración se considerará que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En este caso, la empresa sólo podrá iniciar los trámites de suspensión de suministro si se hubiera superado el Consumo Mínimo Vital anual y hubieran pasado tres meses desde la factura adicional de gastos adeudados.

Sin embargo, en estos casos los servicios sociales comprobarían también si ha aumentado el grado de vulnerabilidad del hogar en cuestión y, en su caso, ajustarían la cuantía del bono con carácter retroactivo, de modo que la familia tuviera que abonar únicamente la deuda que quedara pendiente, contando para ello con un plazo de tres meses a riesgo de suspensión de servicio en caso de no pagar.

LAS EMPRESAS ASUMIRÁN PARTE DEL COSTE

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas suministradoras las que, al menos en parte, costeen este bono social "proporcionalmente a su volumen de negocio".

Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendría que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se harían cargo de los costes, y publicar el listado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto para la electricidad como para el gas.