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Rato, sobre las tarjetas B: "Si hubiera sabido que no eran objeto de retención fiscal, lo hubiera cambiado"

Dice que eran "transparentemente nítidas", llevaban en Caja Madrid desde los 90 y ordenó que tres cargos las mantuvieran en Bankia
El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato afirmó en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que las 'tarjetas B' eran "transparentemente nítidas" y confesó su sorpresa cuando se enteró de que no habían sido objeto de una retención fiscal. "Si lo hubiera sabido antes de irme de Bankia, lo hubiera cambiado, no lo hubiera dejado así", zanjó.
Según consta en la declaración íntegra, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Rato prestó el pasado jueves en calidad de imputado ante el juez en el marco de la pieza separada que investiga el uso de tarjetas opacas al fisco adjudicadas a 86 consejeros y directivos de las dos entidades por valor de 15,5 millones de euros.
Rato, que ostentó la máxima responsabilidad de Caja Madrid desde enero de 2010 hasta que fue nombrado presidente de Bankia -cargo del que dimitió en mayo de 2012--, insistió en su intervención que este medio de pago "no era un incremento de retribución", sino parte de su salario, y que estaba convencido que estaban sometidas a las retenciones y a la fiscalidad correspondiente.
"Durante los dos ejercicios recibo mis certificados de retenciones y estoy convencido de que están incluidas esas cantidades", respondió Rato, a quien el juez y el fiscal insistieron en que cómo podía ignorar como presidente que no se hiciera la retención fiscal de los gastos de estas tarjetas
"NO HABÍA UN ÚNICO RESPONSABLE" SOBRE SU CONTABILIZACIÓN
El exbanquero respondió que en ningún momento ningún órgano de la entidad ni inspección fiscal llamó la atención sobre un "problema en las retenciones" salariales de los consejeros y directivos e invitó por ser "algo significativo" a saber "cuáles han sido las actas de Hacienda sobre esta cuestión, que probablemente las ha habido", remacho.
En este contexto, argumentó que organizaciones como Caja Madrid o Bankia "están llenas de comités" y "no hay una persona única que toma esta decisión" en una entidad de su tamaño.
Supuso que este asunto pasaría por el comité de medios, el departamento de tarjetas o podría ser revisado por auditores y puso como ejemplo la contabilización de los cheques de comida o la compra de ordenadores, donde puede pasar por varios órganos pero no sabe exactamente su responsable.
"Si me hubiera planteado cualquier responsable de Caja Madrid, BFA o Bankia que unas retribuciones no están siendo retenidas, le hubiera dicho que tenemos que retenerlas porque estamos en un riesgo fiscal pero no se me planteó", aseveró, a lo que el juez en un momento dado dice: "Usted me está respondiendo cómo le gustaría o piensa que debería haber sido, pero no lo que realmente fue".
Y es que Rato enfatizó varias veces que le ha sorprendido "mucho saber que no eran objeto de retención ni tenían tratamiento de retribuciones" y enfatizó que cuando Bankia le pidió el dinero lo devolvió tanto a esta entidad como a la Fundación Caja Madrid al ser consciente entonces de que era una "situación muy anómala" y con el fin de "despejar cualquier tipo de duda".
Antes, defendió que estaba convencido de que se trataba de tarjetas de "uso personal, nominativas, transparentemente nítidas y controladas por la entidad". "No eran tarjetas secretas ni emitidas de una manera irregular", señaló, para precisar que no sabía que varios exconsejeros dispusieron de la tarjeta tras el cese y que no conocía la norma específica de la Comunidad de Madrid aprobada en 2003 que limitaba las percepciones en las cajas de ahorros a indemnizaciones o asistencia a reuniones.
Rato aseguró que las 'tarjetas B' existieron desde los años 90 en la caja de ahorros para cubrir "gastos personales" de los consejeros y directivos y que él no tomó ninguna decisión sobre esta materia porque no fue un tema "problemático" objeto de "preocupación" por los órganos de la entidad.
Según explicó, el entonces director financiero en Caja Madrid, Idelfonso Sánchez Barcoj, le entregó a su llegada a la caja del oso dos tarjetas, una para gastos de representación y otra para "gastos particulares", cuyos límites estaban ya establecidos. "Yo entiendo que está englobada en mi remuneración y es, por lo tanto, de uso personal", dijo, para insistir en que entendía que estaba sometida a la fiscalidad de cualquier retribución.
El imputado reconoció que no le explicaron los criterios tenidos en cuenta a la hora de fijar el límite máximo de estas tarjetas y añadió que "nunca" los revisó ni renovó. Según dijo, no tomó ninguna decisión sobre el régimen de estos plásticos ni cuando entró en Caja Madrid ni cuando pasó a Bankia porque "no fue objeto de ninguna preocupación" por la dirección de medios, la dirección tributaria, la secretaria general, la dirección financiera ni ningún miembro del Consejo.
Solo ordenó que las siguieran manteniendo en Bankia los cargos que procedían de la caja madrileña porque las peculiaridades de cada caja seguían vigentes y se la ofreció también al consejero delegado Francisco Verdú, aunque desconoce los motivos por los cuales no hizo uso de ella.
"Eran tarjetas personales que a lo largo de diez o quince años existieron pero habrán existido varias decenas, eran tarjetas conocidas, emitidas y suscritas por la entidad con la firma visa, una firma internacional en contratos tipo", dijo, para incidir en que nunca apareció como un tema "problemático" en las reuniones mantenidas sobre la fusión o salida a Bolsa de la entidad y admitir que "esta peculiaridad de Caja Madrid no existía en otras cajas" del proceso de integración.
DENUNCIA DEL FROB
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.
El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.