OCDE-CONFERENCIA

Regular el sistema financiero y la protección social prioridades de la OCDE

El análisis de la crisis hecho por los países de OCDE les ha llevado a fijar entre sus prioridades la regulación del sistema financiero y la necesidad de protección social para los más vulnerables, objetivos que contrastan con la imagen de una organización conocida por su doctrina liberal.
El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, haba durante una rueda de prensa mantenida en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París (Francia). EFE

"Años de crecimiento mundial desequilibrado y grandes fallos del sistema financiero, de la reglamentación y del control han sido las causas fundamentales de la crisis", según la declaración final del consejo de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por eso los responsables de Finanzas de los 30 miembros de la institución y los cinco que están en proceso de adhesión (Chile, Rusia, Israel, Eslovenia y Estonia) mostraron su "determinación" para reformar "la eficacia de la reglamentación y ayudar a prevenir nuevas crisis financieras".

También pusieron el acento en que los planes de estímulo contra la recesión deben tener en cuenta "las dimensiones sociales y humanas de la crisis con apoyo a los más vulnerables", lo que incluye "medidas activas del mercado de trabajo, el desarrollo de competencias, dispositivos de apoyo a los ingresos, redes de protección social eficaces, las pensiones, la educación y proyectos de formación reforzados".

La contribución de la OCDE al esfuerzo de regulador de las finanzas mundiales debe llegar de su trabajo contra los paraísos fiscales y contra las jurisdicciones que no cooperan contra la evasión fiscal, y el próximo paso es una conferencia en México a comienzos de septiembre.

"Ha llegado la hora de la aplicación" de los compromisos en este campo, donde "hay mucho por hacer", declaró el secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría, que señaló que en la conferencia de septiembre se procederá a revisar el cumplimiento de las reglas de cooperación contra la evasión fiscal.

Gurría constató, en conferencia de prensa, que "en los últimos seis meses hemos progresado más que en los últimos 20 años", en alusión indirecta a las listas de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas que la OCDE publicó en abril coincidiendo con la cumbre del G20 de Londres.

Los ministros de la organización se felicitaron de "los primeros signos de estabilización observados en un cierto número de países" que no citaron explícitamente, pero que se pueden entrever en el informe de Perspectivas donde se considera que Estados Unidos y la mayor parte de los grandes países emergentes van a recuperarse de la crisis antes que Europa y Japón.

El consenso sobre hasta cuándo deben prolongarse los planes anticrisis se logró con una fórmula según la cual hay que elaborar "estrategias apropiadas que permitan desmantelar, desde que se instale la recuperación, las medidas excepcionales tomadas en respuesta a la crisis".

Se trata de que "la economía mundial pase de una fase de recuperación orquestada por los poderes públicos a un crecimiento autónomo".

La OCDE también reconoció que "la prosperidad y la estabilidad mundiales sólo pueden obtenerse haciendo la economía mundial más fuerte y más justa en el plano de las oportunidades", por eso resulta "vital" apoyar las medidas en favor de los pobres y para que "los países en desarrollo puedan aprovechar la recuperación" económica.

De la reunión de París salió también una segunda declaración "sobre el crecimiento verde" en cuyo alumbramiento ha pesado la voluntad de la presidencia surcoreana del consejo de la OCDE.

En ella, los firmantes se comprometen a trabajar para que la conferencia sobre el cambio climático de Copenhague de diciembre sea un éxito y de ella salga "un acuerdo internacional ambicioso, eficaz, eficiente, detallado y justo" sobre el marco que debe sustituir a partir de 2012 al Protocolo de Kioto que establece objetivos para limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

También aseguran que van a llevar a cabo las reformas internas para suprimir las subvenciones en favor del consumo o de la producción de combustibles fósiles, que se consideran los principales responsables del calentamiento global.

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