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La ley del Sector Público obligará a que los edificios que compre el Estado tengan alta calidad energética

La nueva Ley de Racionalización del Sector Público obligará a que los servicios, bienes o edificios que adquiera o arrende la Administración central dispongan de "un alto rendimiento energético", según consta en las enmiendas presentadas por el PP en el Senado a esta norma, a las que ha tenido acceso acceso Europa Press.
En el trámite de enmiendas, que concluye este martes, el grupo 'popular' en la Cámara Alta ha introducido, en alusión a las administraciones públicas centrales, "la exigencia de que sus adquisiciones de bienes, servicios y edificios en propiedad o arrendamiento tengan un alto rendimiento energético".
Los contratos públicos que quedarán sometidos a esta obligación son los de suministro y servicios cuyo importe supere los 134.000 euros y los de obras cuyo objeto sea la construcción de un edificio por importe superior a 5,1 millones de euros. Esta obligación afectará a todos los contratos de adquisición o arrendamiento de edificios.
En todo caso, habrá exenciones a esta medida, en línea con las ya contempladas por las directivas comunitarias. Entre las excepciones, figuran las referidas a contratos de las Fuerzas Armadas y a la adquisición de edificios que vayan a ser reformados en profundidad, que estén protegidos o estén situados en un entorno protegido o que tengan valores especiales arquitectónicos o históricos.
En sus enmiendas, el PP señala que la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética "supone un avance en la estrategia de promover la eficiencia energética en la Unión Europea".
Las medidas comunitarias servirán para "mitigar la creciente dependencia de las importaciones de energía, adecuar el comportamiento de los Estados a la escasez de recursos energéticos y coadyuvar a la limitación del cambio climático y superación de la crisis económica", señala.
Para el PP, estos objetivos formulados a escala de la Unión Europea "son plenamente asumibles, en toda su amplitud, en el ámbito nacional y son coherentes con la política medioambiental y energética de España".
Las distintas medidas propuesta, señala, tienen un contenido obligatorio que afecta a las administraciones públicas centrales, "fundamentalmente la Administración General del Estado y Organismos Autónomos", y un contenido que pretende ser "ejemplarizante e incentivador".