PANAMÁ-GOBIERNO

Sindicato pone fin a la huelga en Changuinola tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

El sindicato de trabajadores bananeros de Changuinola, en el occidente del país, decidió hoy poner punto final a un conflicto que durante varios días sumió a esa ciudad en violentos enfrentamientos entre empleados y Policía, al llegar a un acuerdo con el Gobierno de Ricardo Martinelli.
El ministro panameño de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu (d), le explica a dos diregentes sindicales bananeros el alcance del acuerdo pactado este 11 de julio mediante la firma del acuerdo que pone fin a la huelga. EFE

El sindicato accedió a suspender la medida de fuerza después de que el Gobierno se comprometiera a suspender "transitoriamente" tres disposiciones referidas a derechos sindicales y laborales de la polémica Ley 30, hasta llegar a un "acuerdo nacional" sobre el tema en un plazo no superior a 90 días, según el texto del acuerdo.

El pacto, firmado entre otros por el vicepresidente, Juan Carlos Varela, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banano, Genaro Barrett, pone fin a los choques que desde el jueves han dejado un saldo oficial de dos muertos, unos 120 heridos y más de un centenar de detenidos.

"Nunca debimos llegar a este punto porque el diálogo era el mejor camino para resolver esta situación", dijo en conferencia de prensa Varela, tras la firma del acuerdo.

El texto del documento prevé que "se suspenden transitoriamente los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30", hasta que su contenido sea acordado con los sindicatos nacionales en el "más corto tiempo posible y con un plazo de 90 días".

Entre otras cosas, en esos artículos se establece la eliminación de la obligatoriedad del pago de la cuota sindical; la posibilidad de suspender los contratos de los huelguistas y sustituirlos con otros trabajadores, además de contemplar el empleo de la Policía para garantizar la protección de la empresa en caso de conflicto laboral.

"Como dirigente sindical nos sentimos complacidos por el acuerdo logrado con el gobierno", dijo por su parte Barrett, al señalar que "después de consultar" a las bases consideraron que "era el mejor acuerdo por el momento".

En ese sentido, señaló que ese sindicato también tendrá representación en el diálogo nacional al que llamó el Gobierno.

El acuerdo se alcanzó después de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunciara hoy en un comunicado que no iba a derogar la Ley 30, conocida popularmente como "Ley chorizo".

"La ley no se va a derogar y se interpretará tal cual indica la normativa, porque no afecta los derechos laborales y sólo les da la opción a los trabajadores, entre otros puntos, a decidir si quieren pagar cuota sindical o no", dijo Martinelli.

En el mensaje, el presidente señaló que los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), el más beligerante del país, "no tienen ni idea de lo que es la democracia en un país y quieren acabar con el Estado de derecho".

La Policía tiene orden de detención contra los dirigentes del SUNTRACS Genaro López y Saúl Méndez, así como contra otros líderes sindicales, según confirmó hoy un portavoz del Gobierno.

El acuerdo firmado en Changuinola manifiesta, además, el compromiso del Gobierno de establecer una política bananera nacional, de tomar medidas para abaratar el costo de la vida en la provincia occidental de Bocas del Toro, y de que ambas partes acudirán al diálogo en caso de futuros problemas.

Varela explicó que con este acuerdo se hace un llamamiento al diálogo nacional en el que participen sindicatos, ambientalistas y otros sectores críticos con la ley.

Representantes de esas organizaciones convocaron el sábado una jornada de protestas en la capital panameña para el lunes y una huelga general de 24 horas el martes en apoyo a las protestas que estaban en marcha en Changuinola.

"Aquí lo único que hemos estado tratando de resolver es el asunto de Bocas del Toro", dijo Varela al ser preguntado al respecto.

La polémica Ley 30, denominada popularmente "Ley chorizo", fue planteada como una reforma en materia de aviación comercial, pero modifica tres códigos (Laboral, Judicial y Penal) y seis leyes, incluida la orgánica de la Policía.

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