Suspendido el juicio contra Alierta para decidir sobre la prescripción del delito

Así se saldó el primer día de la vista oral para juzgar al ejecutivo y a su sobrino Luis Javier Plácer por ese delito presuntamente cometido en la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, cuando Alierta encabezaba la empresa pública, y que reportaron un beneficio de 1,86 millones de euros.

En la vista destacó la ausencia de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), que hasta el lunes constituía la única acusación popular, y que presentó en 2002 la querella inicial contra Alierta.

Tras la retirada de AUGE, la Fiscalía Anticorrupción, que pide cuatro años y medio de prisión para Alierta y cuatro para su sobrino, insistió en que está facultada para ejercer la acción penal contra los dos acusados porque su conducta dañó gravemente los intereses generales.

"Lo que está en juego son los intereses de los inversores, que, desencantados con un mercado en el que se permite que algunos poderosos jueguen sucio, se llevan sus ahorros a otros mercados más justos", aseguró el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Añadió que el inicio del juicio oral tras numerosos vaivenes y dilaciones demuestra que la justicia es para todos.

Durante la exposición de las cuestiones previas, los defensores de Alierta y Plácer insistieron en que el fiscal no puede ejercer la acción penal porque violaría el principio acusatorio al no haber afectados ni perjudicarse el interés general, y, en consecuencia, pidieron la nulidad del juicio.

La defensa de Alierta, representada por Horacio Oliva, subrayó que no existe atentado contra los intereses generales porque el mercado financiero no se vio afectado "en absoluto" por las acciones de los acusados.

En consecuencia, y en el supuesto de que el tribunal no admitiera su petición, los letrados alegaron que la causa debe ser sobreseída porque el delito había prescrito cuando se presentó la querella de AUGE, en noviembre de 2002.

Los abogados de Alierta entienden que, al no existir perjuicio grave para los intereses generales, no se podría aplicar el tipo agravado del delito de uso de información privilegiada en beneficio propio, por lo que la prescripción se reduciría de 10 a 5 años.

Estos argumentos fueron rechazados por Luzón, quien sostuvo que el delito no ha prescrito porque los acusados dañaron "gravemente" la credibilidad del mercado de valores.

A esto -agregó- también contribuyó el hecho de que Alierta fuera el máximo responsable de una empresa pública como Tabacalera, que entonces figuraba entre los principales valores del Íbex-35.

Tras escuchar a las partes y aceptar todas las pruebas presentadas, la presidenta de la Sala, Manuela Carmena, comunicó la suspensión de la vista hasta una fecha indeterminada, aunque las fuentes consultadas por Efe esperan una decisión como tarde para principios de la próxima semana.