El Tribunal de Cuentas ve "insólito" que algunos ayuntamientos mantengan voluntariamente mataderos "onerosos"

El Tribunal de Cuentas considera "insólito" que algunos ayuntamientos españoles sigan sosteniendo con fondos públicos mataderos que resultan "onerosos" a pesar de que la legislación ya no les obliga a ello, y les recomienda que "consideren la oportunidad y conveniencia" de seguir con esta práctica.

Así se recoge en el 'Informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local en coordinación con los órganos de control externo', que recoge datos de 250 mataderos y 958 mercados municipales en los años 2012 y 2013.

Según recuerda el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, desde 1996 las corporaciones locales no están obligadas a mantener abierto un matadero, aunque algunos justifican su permanencia en razones sociales y económicas, sobre todo para mantener la cabaña autóctona, conservar puestos de trabajo y evitar nuevos costes a productores y comerciantes.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos admiten "incertidumbre" en la viabilidad futura de estas instalaciones, que subsisten sólo porque no ha sido necesario acometer nuevas inversiones para dar respuesta a obligaciones técnico-sanitarias, ya que los mataderos "apenas generan expectativas de obtención de resultados económicos positivos".

PÉRDIDAS EN 2012 Y 2013

De hecho, al cierre o privatización de medio centenar de mataderos en los últimos ocho años se suman las necesidades de financiación que generan a los ayuntamientos. Así, los de gestión interna tuvieron un déficit de 8 millones en 2012 y de 7,7 millones en 2013, a la par que su producción disminuía un 3,6%; mientras que los de gestión externa generaron casi un millón de euros de beneficio en 2012 para perder medio millón al año siguiente. Cantidades que, en ambos casos, deben cubrir los ayuntamientos correspondientes.

"Esta situación, en la que el ejercicio de una actividad económica de carácter voluntario resulta onerosa, es insólita y refleja las dificultades para algunas entidades locales que puede original el hecho de mantener este tipo de instalaciones", apunta el Tribunal, que calcula que en 2013 cada cabeza de ganado sacrificada en un matadero público costó a las arcas municipales 4,12 euros de media, con extremos que van desde los 44,37 euros que cuesta el sacrificio en Canarias o los 18,39 euros de País Vasco a los 0,37 euros de Aragón o los 0,47 euros de Murcia.

Por eso, el organismo fiscalizador cree que las corporaciones municipales deberían reconsiderar el mantenimiento de estas infraestructuras, debiendo en todo caso atenerse a su "viabilidad financiera" salvo que concurran razones sociales y siempre que se garantice la suficiente capacidad de financiación local para cubrir los déficit que se generan.

MERCADOS MUNICIPALES

Tampoco es obligatorio desde el 1 de enero de 2014 que los municipios de menos de 5.000 habitantes tengan un mercado municipal salvo dispensa autonómica, como sucedía hasta entonces. Sin embargo, hasta 667 municipios de los 1.312 que sí deben contar con este tipo de instalaciones no lo tenían, lo que afectaba al 25% de la población con derecho a este servicio. Por contra, trece municipios aglutinaban hasta 194 mercados, destacando los casos de Madrid (46) y Barcelona (40).

El Tribunal reconoce en este sentido que los últimos ocho años también han sido duros para este sector, que ha visto cómo cerraban sus puertas una docena de instalaciones, la mayor parte "antiguas y ineficientes económicamente". Y es que sólo el 35% de los mercados municipales españoles cuenta con instalaciones "completas adaptadas a las exigencias comerciales actuales".

De hecho, hasta el 6% no ha realizado una reforma de importancia desde 1950, incluyendo 31 mercados ubicados en edificios histórico-artísticos o con un alto grado de protección, a pesar de que los que han remodelado sus instalaciones han conseguido, en general un equilibrio entre costes e ingresos. No obstante, el organismo ve "viable" el futuro del 78% de los casos siempre y cuando cuente con "apoyo económico" de su ayuntamiento y sólo duda del futuro en 127 casos.

Un factor fundamental en este equilibrio financiero es la tasa que los consistorios cobran por aprovechamiento del suelo público. Según el Tribunal, la mayor parte son "inferiores al coste efectivo del servicio", que deberían incluir al menos los costes financieros y de amortización del edificio e instalaciones.

Pese a ello, los mercados de gestión interna tuvieron unas necesidades de financiación de 39,2 millones de euros en 2012 y de casi 40 millones al año siguiente, mientras que los de gestión externa resultaron ser "significativamente menos onerosos", costando 200.000 euros y 960.000 euros, respectivamente, en los dos ejercicios analizados.

En estas circunstancias, el Tribunal recomienda a las entidades locales de los mercados más caros que tomen decisiones "oportunas y ponderadas" en función del "interés público, las razones de suficiencia económica y las exigencias comerciales actuales" sobre su continuidad y su forma de gestión. Asimismo, cree necesario "ajustar las cuantías" de las tasas o cánones que pagan los comerciantes para que cubran la totalidad de los costes y evitar necesidades de financiación.

MERCADOS DE ABASTOS

Finalmente, el informe hace algunas consideraciones sobre los mercados de abastos, la mayor parte de los cuales tiene un "alto índice de autonomía financiera, sin apenas endeudamiento", con las salvedades de algunos como Mercalicante, Mercasalamanca y Mercasevilla.

Estos dos últimos, junto con Mercajerez, tienen la situación financiera "más comprometida" y que podría incluso llegar a "afectar a su viabilidad futura" por las pérdidas que han acumulado en los últimos años y su baja rentabilidad, mientras que Mercabarna, Mercabilbao, Mercamadrid, Mercapalma y Mercazaragoza presentaron los estados económico-financieros más saneados.

A este respecto, el Tribunal recomienda que las sociedades gestoras de los mercados de abastos mayoristas con participación pública que atraviesan dificultades financieras o patrimoniales presenten planes y medidas de saneamiento que incluyan la revisión de las tarifas del servicio para cubrir los costes y que permitan absorber "en un plazo razonable" los déficit acumulados.