Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2013 de un sobrecoste del 31% en las obras del AVE Madrid-Barcelona

Tiene abiertas diligencias por las desviaciones presupuestarias de cuatro proyectos y por la falta de exigencia de responsabilidades
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2013 de un sobrecoste del 31% en las obras de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona, equivalente a 1.732 millones de euros, y abrió expedientes por irregularidades en las obras y por no imponer penalizaciones a los constructores que incumplieron sus obligaciones contractuales.
Este martes, la Guardia Civil ha detenido a catorce personas en el marco de una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres proyectos de la estación de La Sagrera, en los que se habrían emitido reiterada e intencionadamente sucesivas certificaciones de obra por importes muy superiores a los trabajos realmente realizados.
La actuación policial, desarrollada a instancias del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, se deriva de una denuncia presentada por Adif en noviembre de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción. Ya en mayo de ese mismo año, el Instituto Armado detuvo a nueve personas, entre funcionarios de Adif y directivos de empresas concesionarias, por malversar presuntamente 6 millones de euros de caudales públicos en varias obras del proyecto de AVE a la Ciudad Condal.
CADA KILÓMETRO DE AVE COSTÓ 14 MILLONES
Un año antes de que salieran a la luz estas operaciones policiales, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda había presentado un informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea entre 2002 y 2008, que cubría por tanto dos años de gobierno de José María Aznar y cuatro de ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En dicho documento, el Tribunal advertía de que los 8.966,71 millones de euros que constó la construcción del AVE entre Madrid y Barcelona supusieron un 31,4% más del precio de adjudicación de los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% más del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones).
Un desvío de 1.732 millones de euros que provocó que cada uno de los 621 kilómetros que unen ambas ciudades costó de media 14,44 millones de euros, a resultas sobre todo de las modificaciones de contrato, obras complementarias y de emergencia, revisiones de precios, liquidaciones adicionales, prórrogas y ampliaciones de plazo.
En concreto, los contratos de obras recibieron 5.406 millones de euros, con un ahorro del 10% respecto de lo licitado inicialmente que, sin embargo, acabó convertido en un sobreprecio del 35,5% al ascender la minuta final a 7.326 millones de euros. Lo mismo sucedió con los contratos de asistencia técnica, que entre 1993 y 2008 se encarecieron un 27,4% hasta los 474 millones.
HASTA EL 229% DE SOBRECOSTE EN ALGUNOS CASOS
Teniendo en cuenta únicamente los seis años fiscalizados en el informe, el desvío presupuestario es incluso superior a la media del conjunto de ejecución de las obras, ya que los 2.851,45 millones de euros licitados en ese periodo finalmente se adjudicaron por 2.599,98 millones, previéndose un ahorro del 8,8%, pero acabaron ejecutándose por 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más de lo previsto inicialmente y un 43,2% por encima de lo adjudicado.
En concreto, los contratos de suministros se encarecieron un 7,5% hasta los 229,8 millones; los de consultoría y asistencia técnica superaron un 25,4% el precio inicial hasta llegar a 194 millones; y los contratos de obras pasaron de 2.029 millones a 3.036 millones (+49,6%), con algunos casos concretos como el de la construcción de la plataforma del tramo Hospitalet-La Torrassa, que vio incrementado su precio en un 229,6% hasta los 247 millones de euros.
De hecho, Adif rechazó los cambios que motivaron este incremento y acabó declarando a la adjudicataria responsable de daños y perjuicios por valor de 34,25 millones de euros.
Ante estas irregularidades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió cuatro expedientes por presuntas irregularidades por incidencias en la ejecución de los tramos Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-Papiol y Hospitalet-Can Tunis, que sumaron un sobrecoste de más de 400 millones que también investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Igualmente, abrió diligencias por otros cuatro casos en los que Adif no impuso ninguna penalización a las adjudicatarias de los contratos pese a haber incumplido sus compromisos contractuales de suministro y transporte de traviesas, suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología Talgo, de instalación de descongelación de rodales, y de medidores de parámetros, que se vieron incrementados un 134,7% de media.
LAS CORTES PIDEN MÁS INFORMACIÓN
Al salir a la luz estos datos, Compromís y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclamaron en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre los hechos, posibilidad que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, que sí apoyó sin embargo una petición al Tribunal de Cuentas para que estudiara posibles sobrecostes en otras líneas de alta velocidad y para que analizara la contratación realizada por Adif entre 2011 y 2013.
El propio Ramón Álvarez de Miranda se ofreció, en junio de 2014, a elaborar también un informe específico sobre los proyectos del AVE a Madrid-Barcelona tras 2008, cuando se ejecutaron las obras hasta la frontera francesa, y hasta 2013, cuando se completó la línea.
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció al conocerse las primeras detenciones que se realizaría una auditoría interna de todas las obras bajo sospecha.