UGT avisa de que "no rebajará sus exigencias" al Gobierno para que funcionarios recuperen derechos

El sindicato ha subrayado en un comunicado que las negociaciones con el Ejecutivo deben responder a las reivindicaciones de un colectivo que ha sufrido, desde el inicio de la crisis, "graves mermas en sus condiciones laborales".

En este sentido, la FSP-UGT reclamará en estas negociaciones perspectivas de creación de empleo, que permitan la prestación adecuada de los servicios públicos; la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años y la concreción del calendario de recuperación de la paga extra de diciembre de 2012; la recuperación de los días adicionales por vacaciones y asuntos propios, y el mantenimiento en términos de calidad y suficiencia presupuestaria de los conciertos sanitarios.

El sindicato pedirá asimismo medidas para corregir la vulneración de la Carta Social Europea denunciada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en un informe del pasado mes de enero afirmaba que "el salario de los trabajadores contratados de la Función Pública no basta para asegurar un nivel de vida decente", en referencia a las retribuciones de los grupos que no alcanzan el 50% del salario medio neto.

"El Gobierno ha infligido importantes recortes a todos los empleados públicos, incluidos los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE)", ha denunciado el sindicato, que calcula que la supresión de la paga extra en 2012 supuso un recorte de unos 5.210 millones de euros para todas las Administraciones, lo que significó una pérdida porcentual del 7% en la nómina de los empleados públicos.

En este punto, el sindicato recuerda que hasta el momento sólo se ha devuelto el 25% de esta paga en algunas administraciones, al tiempo que ha alertado de que los salarios en las Administraciones Pública (salario base y trienios) han retrocedido a niveles de 2007.

Asimismo, UGT denuncia que los servicios públicos han sufrido la congelación de la oferta de empleo público en los tres últimos ejercicios, lo que ha implicado un recorte de 5.300 millones y la amortización de 13.297 plazas vacantes sólo en la Administración General del Estado.

Otros cambios que han perjudicado al colectivo, añade UGT, afectan al régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal (sólo se cobra una parte del salario en una baja por enfermedad); la prohibición de realizar aportaciones a planes de pensiones, y la implantación, con carácter básico y mínimo, de una jornada de 37,5 horas a la semana.

"La lista de recortes es extensa y no se limita al aspecto salarial. Entre ellas, supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario, prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que no se ha llegado a desarrollar", critica la Federación ugetista.