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UPyD pide que las bonificaciones a la contratación copen sólo el 33% de los fondos de la Garantía Juvenil

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para fomentar la contratación sólo puedan copar hasta el 33% de los fondos asociados a la Garantía Juvenil y reclama que se fijen objetivos de concesión de créditos a las pymes para las entidades financieras nacionalizadas.
Así consta en las 57 enmiendas parciales que la formación magenta ha registrado en el Congreso al 'macrodecreto' de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que se tramitará como proyecto de ley en dos sesiones de la Comisión de Economía que tendrán lugar la próxima semana.
Según las propuestas, que recoge Europa Press, sólo el 33% del presupuesto asociado a la Garantía Juvenil --1.888 millones de fondos europeos y casi 1.000 millones adicionales del Fondo Social Europeo (FSE) y de la cofinanciación nacional-- debería usarse para los incentivos a la contratación en forma de bonificaciones de la cotización, que además tendrían que usarse para contratos de al menos un año, y no de seis meses como ha propuesto el Ejecutivo.
Por otra parte, UPyD quiere que las medidas incluidas en este programa se extiendan a los jóvenes de hasta 30 años, y no sólo a los de hasta 25, y que la Garantía se integre en la estructura de los servicios de empleo ya existentes, de modo que sirva para "reforzar" otros planes en vigor. En este sentido, darse de alta en la Garantía debería conllevar automáticamente el registro en el Servicio Público de Empleo, que a su vez tendría que inscribir a los potenciales beneficiarios en el plan europeo.
Las propuestas de empleo de la formación magenta se completan con un aumento de los efectivos de los servicios de empleo, un incremento de su capacidad de intermediación, una reforma del programa de formación, el fomento de la coordinación con las comunidades autónomas en esta materia, la posibilidad de participar en acciones organizadas por otras comunidades autónomas distintas a las de residencia y la exclusión de las ETT de actividades como la formación o la asesoría en recursos humanos que permite el 'macrodecreto'.
MEJORA DE LA FINANCIACIÓN
En materia de mejora de la financiación para las empresas, el partido que lidera Rosa Díez propone que el Gobierno fije a las entidades financieras nacionalizadas objetivos anuales de concesión de crédito a pymes que, al menos, deberían ser equivalentes a la inflación.
Además, reclama que los nuevos avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se tripliquen hasta los 3.600 millones de euros y que tengan una vigencia de al menos tres años. Y propone además la creación de dos nuevas líneas para 'factoring' (circulante) y 'leasing' de bienes de equipos en los que sea la entidad pública, y no los bancos, la que asuma el riesgo para facilitar la concesión de los créditos.
Por otra parte, se plantean cambios en la normativa actual para facilitar mecanismos de segunda oportunidad a empresarios y deudores hipotecarios y se rechaza la posibilidad de "forzar" una "total liberalización encubierta" de horarios comerciales a través de la declaración automática de zonas de especial afluencia turística en caso de que la comunidad no las estipule cuando así corresponda en un plazo de seis meses.
OTRAS PROPUESTAS
En materia tributaria, UPyD propone que la exoneración en el pago de plusvalías por la dación en pago de la vivienda sólo se aplique a quienes no superen los 12.000 euros anuales de ingresos y también exige que se derogue la creación del nuevo Impuesto sobre depósitos bancarios, porque cree que se repercutirán sobre los usuarios de servicios financieros.
Por otra parte, se reclama que cualquier mejora en las condiciones de devolución de los créditos vinculados a los planes de pago a proveedores autonómicos esté condicionada al cumplimiento de los planes de ajuste o incluso a la aprobación de nuevas medidas de reducción del gasto superfluo, del mismo modo que se impuso a los ayuntamientos.
El aumento de la oferta de empleo público en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la supresión de todo lo relativo a la privatización del Registro Civil, o la exigencia de que el Reglamento de Circulación Ferroviaria se apruebe en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley también se cuentan entre las propuestas de la formación magenta.
SUPRIMIR ENAIRE
Igualmente, se exige la supresión de la creación de Enaire y la regulación del modelo de gestión de la antigua Aena a través de un decreto ley, porque una materia de esta importancia requiere de una ley "específica y transparente", y también se pide un Plan de Gestión de la Red Aeroportuaria que analice --desde el punto de vista del coste-beneficio, de la rentabilidad social y de la sostenibilidad energética y medioambiental-- si hay que cerrar o cambiar de uso algún aeropuerto.
Dentro de este plan sería conveniente, cree UPyD, valorar la infraestructura que puede ser necesaria en cada instalación así como su área de influencia, incluyendo zonas turísticas, e incluso habría que analizar la posibilidad de cambiar el nombre a algún aeropuerto para vincularlo a estos puntos de referencia potencialmente más conocidos.
Con respecto a los cambios en las tarifas aeroportuarias que se incluyen en el 'macrodecreto', la formación exige diseñar un esquema que parta del coste real del servicio de forma individualizada en cada aeropuerto, y que se puedan modular los precios en función de la oferta y la demanda de cada momento, con bonificaciones por el mantenimiento de rutas y no sólo por la apertura de nuevas conexiones.
Por último, en el ámbito energético, se exige un bono social para la bombona de butano que beneficie a ciertos colectivos vulnerables, un proyecto de ley para regular el fracking, suprimir todo lo que en el 'macrodecreto' hace referencia al déficit de tarifa o al gas natural porque son asuntos que deben tener su legislación independiente, y la eliminación del nuevo Fondo Nacional de Eficiencia Energética al considerar que no es necesario crear un nuevo ente público para cumplir la directiva de eficiencia.