Los 28 fijan sus condiciones para negociar la liberalización del transporte de pasajeros en ferrocarril

La posición consensuada por los ministros de Transportes de la UE, en un encuentro en Luxemburgo, ofrece "soluciones sólidas y equilibradas" para promover el uso del tren en toda la UE, según ha indicado el titular luxemburgués y presidente de turno de la UE, François Bausch.

El objetivo es que las compañías ferroviarias europeas tengan acceso no discriminatorio a la red en todos los Estados miembros para poder explotar el servicio doméstico de pasajeros. También deberían poder crear sus propios servicios comerciales para competir con otros operadores o pujar por contratos de servicios públicos.

Los 28 prevén, además, una serie de salvaguardas para evitar conflictos de interés y para asegurar una mayor transparencia de los flujos financieros entre gestores de infraestructuras y operadores ferroviarios.

En lo que a la regulación de la Obligación de Servicio Público (OSP), la orientación del Consejo aboga por que la concurrencia competitiva sea la norma en la adjudicación de contratos públicos de servicios.

Sin embargo, en este punto se han incluido excepciones de especial interés para España, según ha explicado al término de la reunión a 28 la ministra de Fomento, Ana Pastor.

"Lo más importante para nosotros era que se dejara a los Estados miembros la capacidad para adjudicar al operador dominante, en nuestro caso, Renfe, los servicios que son Obligación de Servicio Público, es decir, las cercanías y servicios de media distancia que financia el estado", ha explicado la ministra.

Así, se mantiene el principio de concurrencia competitiva, pero con la posibilidad de adjudicación directa cuando lo aconsejen razones estructurales y geográficas del mercado y de la red, así como para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios. "La adjudicación directa será posible para los contratos pequeños y en circunstancias excepcionales", según precisa el Consejo en un comunicado.

Los Veintiocho también plantean plazos más largos a los propuestos por la Comisión Europea inicialmente, por ejemplo para que los Estados miembros cuenten con hasta diez años desde que entre en vigor la norma para seguir adjudicando contratos de servicio público directamente.