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La consolidación fiscal aportará casi 3 puntos de PIB en un año y elevará un 2,3% la ocupación

El efecto de la reforma laboral se dejará sentir en mayor medida en una década con un 5% más de PIB y un 10,3% más de ocupación
Las medidas de consolicación fiscal aprobadas por el Gobierno, fundamentalmente el fondo para el pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica, que han permitido inyectar liquidez al sector productivo y aliviar las restricciones financieras, tendrán importantes efectos a corto plazo al aportar un 2,89% sobre el PIB y un 2,32% sobre el número de ocupados este mismo año.
Así lo refleja el Plan Nacional de Reformas (PNR) aprobado hoy por el Consejo de Ministros y remitido a la Comisión Europea. La reducción de los plazos de pago de las administraciones públicas tendrán en cambio ligeros efectos este año (un 0,01% sobre el PIB y un 0,06% sobre el número de ocupados), aunque a largo plazo aumentan los efectos sobre el PIB (0,12%), según el modelo REMS.
En cuanto a la reforma de las pensiones, como consecuencia de la prolongación de las vidas laborales y el retraso de la edad de jubilación efectiva se produce un cambio apreciable en la tasa de participación, que tiene un efecto positivo sobre el empleo y el PIB. Así, el empleo mejoraría un 1,9% y el PIB un 1,8% respecto de los niveles proyectados para 2060 en ausencia de reforma. En 2023 se estima un efecto del 0,8% tanto en el empleo como en el PIB.
El PNR calcula que las medidas de apoyo al emprendimiento y el marco fiscal favorable al emprendedor tendrán un efecto positivo (en REMS) desde el primer año de aplicación (0,27% sobre el PIB y 0,23% sobre el número de ocupados) y se mantendrá en el tiempo, siendo el efecto esperado en diez años de 0,55% sobre el PIB y 0,20% sobre el empleo.
Los incentivos fiscales para el emprendimiento, que durarán los cuatro años de la estrategia, tendrán un impacto positivo en PIB y en empleo desde el mismo año de su aplicación (0,04% sobre el PIB y 0,02% sobre el empleo).
LA REFORMA FINANCIERA REDUCE LA PRIMA EN 171 PUNTOS BÁSICOS
En lo relativo a los efectos de la reforma financiera, en 2012 y 2013 las ayudas financieras públicas han alcanzado un importe de 50.196 millones de euros. El Gobierno estima un impacto de reducción de la prima de riesgo de 171,4 puntos básicos, que puede suponer un incremento del PIB del 0,83% a cordo plazo y del 2,22% en el largo plazo.
El efecto de la reforma en la provisión de crédito a la economía se cuantifica en un 0,2% intertrimestral durante 12 trimestres, lo que llevará aparejado un aumento del PIB estimado del 0,62% en 2014 y del 1,13% en 2016, en una aproximación conservadora.
El aumento de la disposición en las líneas del ICO sería positivo en términos de PIB (0,07% en 2014) y empleo (0,03% en 2014) gracias a sus efectos sobre la inversión. También a largo plazo (2024) el PIB (0,13%) y el número de ocupados (0,02%) son superiores a sus niveles de partida.
El anteproyecto de ley para el fomento de la financiación empresarial, que permite reducir la dependencia de las empresas del canal de crédito bancario propiciará aumentos del PIB (0,17%) y del empleo (0,18%) que mejoran a largo plazo, tanto para el PIB (0,58%) como para el empleo (0,18%).
Asimismo, la norma por la que se regulan las entidades de capital riesgo, que permitirá contribuir a la diversificación de fuentes de financiación del tejido productivo propiciará un aumento del PIB (0,01%) y del empleo (0,01%) este año. En diez años, permanecen los efectos sobre el PIB (0,18%), aunque se disipan para el empleo.
EFECTOS MAYORES DE LA REFORMA LABORAL A LARGO PLAZO
En lo relativo a la reforma del mercado laboral, facilita la expansión de la demanda agregada, incentivando la creación de empleo desde el primer momento, si bien estos efectos se van haciendo más intensos según transcurre el tiempo. En el largo plazo se observa una diferencia positiva de 4,74 puntos porcentuales de crecimiento de PIB a favor del escenario con reforma y del 10,34% en el número de ocupados.
Siguiendo en el mercado laboral, la tarifa plana de domento de contratación indefinida tendrá efectos a corto sobre el PIB (0,07%) y el empleo (0,10%), aunque no hay efectos a largo plazo. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el aumento de la contratación indefinida impulsa la productividad, los efectos serían más positivos. A corto plazo se registrarían mayores incremen tos del PIB (0,14%) y del empleo (0,17%), y a largo plazo perdurarían los efectos sobre el PIB (0,14%), aunque se disiparían los que actúan sobre el empleo.
Para concluir el bloque de medidas laborales, las de apoyo al emprendimiento tendría un impacto positivo ya en el primer año (0,03% en PIB y 0,19% en empleo. En 10 años, se esperan aumentos del PIB y del empleo del 0,16% y del 0,39%, respectivamente.
COMPETENCIA Y DINAMISMO EMPRESARIAL.
Dentro de las actuaciones para mejorar la competencia y el dinamismo empresarial, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado se presenta como el principal tractor de crecimiento económico, con mejoras del PIB del 0,84% en un año y del 1,42% en diez años, así como una incidencia positiva sobre el empleo a corto plazo del 1,1% y del 0,75% a largo plazo.
Esta actuación supera a la ley de desindexación, incluida dentro del mismo capítulo, en cuya aplicación el Gobierno aprecia una posible transformación estructural permanente positiva en el sector exportador y en los sectores expuestos a las importaciones. Esta legislación procurará una mejora del PIB del 0,41% a corto plazo, así como un impacto positivo sobre el empleo del 1,05% en un año.
Otras medidas incluidas en este objetivo son la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo a Emprendendores, que ofrecen un impacto positivo sobre el PIB a corto plazo del 0,35% y del 0,19%, respectivamente. El real decreto ley de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial tendrá un efecto positivo sobre el PIB equivalente a un 0,27%.
13.500 MILLONES EN REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES.
En el ámbito de la reforma de las administraciones públicas, las diferentes medidas contempladas por el Gobierno tendrán un impacto a corto plazo equivalente al 0,12% del PIB, y del 1,66% a largo plazo. El objetivo de estas medidas es introducir ahorros presupuestarios e incrementar la eficiencia del sector público y del conjunto de la economía.
El ahorro procederá especialmente de la reducción de duplicidades y de la racionalización del sector público, y su cuantificación ronda los 13.500 millones de euros. Estos ahorros han quedado cuantificados en 7.129 millones de euros para el periodo 2013-2015 como parte de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en 6.440 millones procedentes de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA).