La desviación del Presupuesto en el primer año de Gobierno de Rajoy quintuplicó la del ejercicio anterior

La desviación de los créditos iniciales recogidos en los Presupuestos de 2012, el primer año de gobierno de Mariano Rajoy, ascendió al 38,2% de su cuantía, un porcentaje que quintuplica la desviación que tuvo lugar en el ejercicio anterior y que se quedó en el 7,7%.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante la presentación de la Cuenta General del Estado de 2012, que incluye modificaciones de créditos en el sector público administrativo por valor de 105.204 millones de euros (+38,2%), frente al 7,7% de desvío del ejercicio anterior, algo "atribuible en su integridad a las modificaciones de crédito para operaciones financieras".

"La memoria que incluye la Cuenta General no aporta suficiente información para completar y ampliar el contenido de los estados principales de la misma, destacando la falta de explicación de las causas que motivan las desviaciones entre el resultado presupuestario obtenido y el previsto inicialmente y su variación respecto al del ejercicio anterior", ha añadido.

LAS DESVIACIONES DE OPERACIONES NO FINANCIERAS BAJAN

En el turno de réplica, Álvarez de Miranda ha insistido en que "es indudable que ha habido un gran incremento" de las modificaciones de crédito, aunque ha matizado que "su principal componente es hacer frente a los incrementos derivados de operaciones financieras". "Si se analizan las operaciones no financieras, las modificaciones presupuestarias se redujeron un 4%. El coste de nuestro endeudamiento es el que llevó a la Cuenta General del Estado a tener esa importantísima modificación", ha añadido.

Además, ha explicado que para mejorar la imputación de gastos e ingresos en el Presupuesto y evitar estos ajustes será determinante la puesta en marcha del Registro Único de Facturas, ya que "limitará" las operaciones no imputadas e impulsará el "esfuerzo de la disciplina financiera".

Asimismo, cree que si todas las entidades del sector público informaran sobre la marcha al Tribunal de Cuentas de las rectificaciones en la Cuenta General, del mismo modo que se hace con la Intervención General del Estado, se tendría un "mejor y mayor seguimiento de las vicisitudes" de la Cuenta General y se reducirían sus deficiencias.

AUMENTA LA DEUDA

En cuanto al endeudamiento del Estado durante el primer año de Gobierno 'popular', Álvarez de Miranda ha señalado que mantuvo la "tendencia al alza iniciada a partir del ejercicio 2008", habiéndose incrementado un 13,6%. No obstante, también ha recordado que 2012 es el primer ejercicio en el que se incluyó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyas pérdidas ascendieron a 26.060 millones de euros.

De hecho, el endeudamiento de este tipo de empresas públicas con entidades de crédito ascendía a 31 de diciembre de 2012 a 60.423 millones de euros, el 44,1% por el Plan de Pago a Proveedores, el 20,7% por el Grupo Aena y el 17,7% por el gestor de infraestructura ferroviarias Adif.

En este punto, Álvarez de Miranda ha señalado que "la Cuenta General del Estado de 2012 tiene unos efectos económicos de importante ejecución, que son por una parte el incremento del endeudamiento financiero y, por otra parte, la inclusión del FROB", que constituyen "las dos grandes cuestiones que explican su evolución económica".

DEFICIENCIAS DE LA CUENTA

El presidente del organismo fiscalizador también ha lamentado la ausencia de "inventarios completos" de los bienes y derechos no financieros de la Administración General del Estado y de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que da lugar a "deficiencias". Igualmente, las entidades de la Seguridad Social "seguían incluyendo incorrectamente en sus balances el valor de los edificios transferidos a las comunidades autónomas y el de los adscritos a las Fundaciones Hospital" por valor de 3.846 millones.

"Posiblemente es un problema jurídico, pero nosotros que vemos año tras año esta situación incorrectamente contabilizada creemos que habría procedimientos para resolver este problema. Debería resolverse cuanto antes", ha insistido Álvarez de Miranda a renglón seguido.

Aunque en términos generales la Cuenta General se presentó en el plazo legalmente establecido y tiene la estructura y contenidos previstos, el Tribunal de Cuentas señala algunas deficiencias recurrentes, como la falta de integración de algunos organismos o la presentación de los datos fuera de plazo, si bien este problema experimentó una "notable mejoría" en 2012 al reducirse el número de entidades en esta situación.

"Esta cuenta presenta mejoras indudables tanto en los porcentajes de las entidades que rinden cuenta como el porcentaje de créditos incorporados en la Cuenta General. Por tanto, es un aspecto positivo que implica que la Cuenta General del Estado reúne un mayor grado de la ejecución presupuestaria del conjunto del sector público estatal", ha añadido Álvarez de Miranda.

MEJORA DE LOS PLAZOS

Finalmente, el presidente del organismo fiscalizador ha insistido en pedir al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para que la Cuenta General se ajuste a la legislación y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal, subsanando las deficiencias detectadas.

También ha reclamado un año más que se fomenten las medidas legislativas necesarias para reducir los plazos establecidos para los trámites, de modo que la declaración del Tribunal pueda anticiparse y se presente a las Cortes en un plazo más breve. En este sentido, ha avanzado que ya se está trabajando en la Cuenta de 2013 con "el firme propósito de adelantar su emisión" respecto a años anteriores.

El portavoz 'popular' en la Comisión, Eloy Suárez, le ha recordado la dificultad de reducir los plazos y le ha pedido propuestas concretas sobre cómo hacerlo, a lo que Álvarez de Miranda ha respondido que es un "reto" analizar en seis meses lo que la Intervención tiene nueve meses para preparar, pero que cada año se va "consiguiendo" avanzar en los plazos.

Además, ha recordado que el interventor general del Estado coincide con él en que "sería muy necesario" no tener que esperar hasta noviembre para poder iniciar la fiscalización de la Cuenta General, sino que el Tribunal debería poder contar con unas "cuentas provisionales" hacia febrero o marzo sobre las que avanzar el análisis "como hace cualquier auditor".

"Sería de gran utilidad para que el Tribunal de Cuentas cumpliera con su función como sus homólogos europeos, que en los tres primeros meses del año tienen ya unas primeras cuentas formuladas y pueden terminar su labor normalmente dentro del ejercicio siguiente al que se fiscaliza", ha insistido, matizando no obstante que ésta es su "opinión personal" porque "no existe ninguna decisión de ningún órgano del Tribunal en esta dirección".

Igualmente, Álvarez de Miranda ha defendido que sería positivo que la fiscalización de la Cuenta General se realizara "en paralelo" a la revisión de las cuentas nacionales por parte de Eurostat, ya que "no tiene sentido que las cuentas rendidas a Eurostat sean revisadas por la Intervención, el Banco de España y el INE, y que el control externo no haya visto ni un solo dato, porque además cuando luego hay revisiones de Eurostat al primero que llama para pedir explicaciones es al Tribunal de Cuentas".

"Somos convidados de piedra para resolver los errores pero no hemos tenido oportunidad de fijar nuestro criterio cuando es el momento adecuado para que el control externo advierta de que el déficit o el endeudamiento de esas cuentas es el correcto", ha continuado el presidente.