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El exconsejero delegado de BPA carga contra la intervención del banco

El exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha cargado desde prisión --donde se encuentra desde hace un año de forma preventiva-- contra la decisión del Govern del país de los Pirineos de intervenir la entidad y la gestión posterior después de que el Tesoro de Estados Unidos emitiese una alerta de presunto blanqueo de capitales en marzo de 2015.
En una carta remitida y publicada por El Mundo, ha criticado que la administración andorrana no apoyó a las instituciones judiciales y reguladoras del país ni a BPA y sus auditores explicando que las operaciones sospechosas ya estaban siendo investigadas.
También ha reprochado el encargo de una auditoría de 15 millones de euros a PwC cuyo contenido completo no ha sido publicado, en vez de confiar en Fiscalía, y que la entidad sigue dejando sacar 2.500 euros semanales por cuenta a sus clientes, "erosionando el fondo de comercio y la liquidez del propio banco", sobre lo que ha dudado de que sea legal en caso de liquidación o finiquito y que ha calificado de pan para hoy y hambre para mañana.
Ha lamentado que se inició la intervención sin los recursos necesarios --"es como si te anuncian un tsunami y tu Gobierno te envía un par de socorristas sin bote salvavidas"-- y ahora sigue retrasando el fin del proceso al no decidir la venta de Vall Banc, y ha señalado que los mayores perjudicados son los clientes y los empleados de BPA, de los que ha destacado su profesionalidad.
Miquel, que también era máximo responsable de Banco Madrid, ha señalado grandes diferencias entre la gestión de la crisis del banco español y del andorrano: "En Banco Madrid el trabajo está hecho: el banco liquidado, las responsabilidades depuradas, los clientes han recuperado sus ahorros y su capacidad operativa financiera y todos los empleados trabajan en el sector".
Miquel no se pronuncia sobre su papel en el posible blanqueo de capitales, pero indica que el potencial delito es muy grave y requiere una investigación a fondo "en un juicio justo y con plenas garantías".