La inmobiliaria Aifos entra en liquidación

A la junta sólo asistieron acreedores representativos del 35,1% del crédito ordinario, lejos del porcentaje del 50% que es preciso alcanzar para dar por constituida la junta, esto es, unos 188 millones de euros.

Los acreedores, la administración concursal y la empresa estaban llamados este viernes a participar en la junta para debatir la propuesta de convenio presentada por Aifos.

El titular del juzgado, Antonio Bujalance, explicado que no obstante el concurso de Aifos "no se acaba aquí", puesto que la empresa entra en otra fase en la que la administración concursal tendrá que hacer un plan de liquidación, para vender de bienes y poder así empezar a pagar a los acreedores, según lo que establece la legislación concursal. El plan de liquidación deberá ser aprobado por el magistrado.

El inicio oficial de esta nueva fase se hará mediante un auto, que será notificado a las partes próximamente, aunque también se tendrán que resolver los recursos presentados por las partes contra la celebración de este acto, la nulidad de la junta de acreedores o sobre la válida constitución o no de la misma, según ha señalado el juez.

El convenio de acreedores que Aifos iba a someter a votación en la junta, proponía un quita del 50% de su deuda y comenzar a pagar el resto del pasivo a partir del noveno año.

No obstante, el magistrado ha querido dar la palabra a los asistentes, algunos de ellos compradores de pisos, al asegurar que sabe que hay "mucha gente que ha sufrido a lo largo del concurso pérdida de dinero y ahorros". "A nadie nos gusta la situación", añadió.

El juez aseguró que debe "aplicar la ley como está escrita", indicando que en estos cinco años ha recibido a abogados y perjudicados, porque "merecen el respeto de poder escucharles". También ha destacado el trabajo del secretario judicial y de los funcionarios, en concreto el de "una sola persona" que ha llevado el concurso --"estos son los medios que tenemos"--.

En este turno de palabra, algunos perjudicados, llegados incluso de otras provincias, han preguntado por lo que significa la fase de liquidación y han mostrando su preocupación por si podrán cobrar el dinero que se les debe, cantidades que dieron para comprar una vivienda y que aún no han recuperado, además de que tampoco tienen la propiedad.

En este sentido, el magistrado ha asegurado entender por lo que están pasando y ha explicado que "se les sigue debiendo el dinero, lo que no le voy a asegurar a nadie es que con lo que se obtenga de la liquidación vayan a cobrar". Ha apuntado que eso dependerá "del resultado de la liquidación, de cuánto dinero se pueda obtener, a cuántos hay que repartir y si hay suficiente".

Así, ha dicho que legalmente "no han perdido su dinero", aunque ha indicado que "es posible que suceda", indicando que la ley concursal establece un orden a la hora de cobrar cuando una empresa va a liquidación. Los que tienen un crédito ordinario son los penúltimos en cobrar, por delante están bancos y organismos públicos, como la Seguridad Social o Hacienda; así como los créditos contra la masa.

El que ha sido dueño de la empresa, Jesús Ruiz Casado --condenado en el caso 'Malaya' aunque la sentencia no es firme-- ha estado presente en el acto. Así, algunos acreedores han criticado que Aifos "se quede con mi dinero" y que "después de haber engañado a tantas personas, este señor vaya paseándose por Málaga como si no hubiera hecho nada". Son unos 2.000 compradores los que están como acreedores.

Ante esto, el magistrado ha señalado que el acto no se podía convertir en "una sala de desahogo" ni tampoco "en un circo romano". "Entiendo, y lo digo sinceramente, la situación que tienen muchos de ustedes, pero desde el juzgado, que es de lo que yo me puedo responsabilizar, creo que hemos hecho todo lo que se ha podido y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

NULIDADES

La representación de la empresa ha indicado que este acto "es nulo de pleno derecho", entre otros aspectos porque "se ha producido una indefensión a mi representada", afirmando que en el recurso que interpondrá alegará que según la modificación de los textos definitivos, que le fue "comunicada hace dos días", debería haber "mucha más gente con derecho a comparecer".

En este sentido, ha explicado que con esas modificaciones "de 183 millones de euros que aparece como el quórum pasaría a 283 millones". Asimismo, ha indicado que las deudas de la compañía "se han rebajado de 889 millones a 677 millones". En los textos definitivos que se presentaron en mayo, la masa pasiva era de 901,4 millones de euros y el activo de 780 millones.

Por su parte, el letrado que representa a varios pequeños acreedores, Carlos Comitre, ha dicho irse con "frustración" porque "el sistema no ha funcionado para los compradores de pisos, pero sí para los bancos", recordando que más de 300 acreedores presentaron una propuesta de convenio alternativa --que no fue aceptada-- y que "triplicaba" las adhesiones obtenidas por la de Aifos.

El abogado ha dicho que si se hubiera discutido esa propuesta, que pasaba por capitalizar o convertir en acciones parte de la deuda, "esta sala estaría abarrotada porque era la única opción que daría esperanzas". "Nos encontramos ante un fracaso de la ley que ha olvidado en favor de los bancos a los pequeños acreedores que han puesto el dinero igual que ellos", ha lamentado.

Ha añadido que se está también "ante el fracaso de la justicia, que no ha sabido dar respuesta a estas personas, y posiblemente ante el fracaso de la abogacía y de la propia administración concursal, porque hace cinco años no podíamos imaginar que una empresa con esta magnitud estuviera en un acto así", que debió de haberse retrasado porque "se ha quedado mucha gente fuera".

"Estamos liquidando una empresa sin siquiera llegar al suficiente quórum para tomar una decisión para ver o no la viabilidad", ha apuntado, recordando que hace unos días interpuso un recurso contra la celebración de este acto y por la no admisión de la propuesta alternativa. Así, ha recordado que ese recurso "no se acaba en el juzgado, sino que está la Audiencia y el Supremo".

Comitre ha señalado que "si se estiman los recursos y se convoca una junta, no más allá de tres meses, que es el plazo solicitado, y nos dan las herramientas desde la empresa y la administración concursal conseguiríamos un futuro que estas familias ahora mismo no tienen", por lo que ha pedido al juez que, "tras cinco años, tres meses y nueve días de concurso", estime las peticiones.

En declaraciones a los periodistas, ha indicado que hasta que se resuelvan los recursos "esto está en un limbo", aunque los plazos no se paralizan y la maquinaria para la liquidación "sigue". Ha calculado que la aprobación del plan de liquidación podría tardar un año y ha señalado que, también, se tendrá que abrir una fase de calificación, para determinar si el concurso se declara culpable o no.