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Los inspectores de Hacienda ven mejoras en el plan de control de 2016 pero creen que se queda "corto"

Aseguran que se prodrá investigar a los que se acogieron a la amnistía fiscal
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha indicado este miércoles que el Plan de Control Tributario de 2016 es "continuista" y se queda "corto" para conseguir una drástica reducción del fraude fiscal, a pesar de que incorpora "mejoras" derivadas fundamentalmente de las novedades normativas introducidas en 2015.
En un comunicado, destaca que las modificaciones en los procedimientos de comprobación e investigación en materia de plazos, la posibilidad de continuar con el procedimiento hasta dictar liquidación en los delitos y la no paralización de las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda inciden de un modo positivo en este plan.
Asimismo, los inspectores resaltan que se potencian medidas internas de carácter organizativo, como la desadscripción de expedientes, la concentración y extensión de competencias, y la colaboración entre servicios para incrementar la flexibilidad y la velocidad de respuesta.
Sin embargo, echan de menos que no se adopten medidas "carentes de componente político alguno", como sería un plan sobre el desarrollo de actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, sobre el pago a confidentes o sobre la creación de un registro de contribuyentes en situaciones especiales.
La Organización de Inspectores sí valora que el plan de control de este año ponga el foco contra la economía sumergida sobre las cadenas mayoristas de distribución y sobre las cadenas de transmisión comercial con origen en productos importados. También es de agradecer, añaden, la mención expresa a la explotación de las informaciones singulares obtenidas por los servicios de control, que implicarán una mayor presencia de los efectivos fuera de las oficinas.
Igualmente, para los inspectores resulta novedoso el énfasis que se pone en la explotación de la información recibida de otros Estados, que es la consecuencia de los avances obtenidos en los diferentes acuerdos internacionales en los que España ha estado presente, CRS (Common Reporting Standard) y BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), principalmente.
AMNISTÍA FISCAL.
En cuanto a la investigación de patrimonios y de rentas en el exterior, se congratulan de que por fin se vaya a trabajar e investigar sobre los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, si bien afirman que genera algo de "desconfianza" que una medida de este calado no haya sido destacada por ningún representante de la Agencia Tributaria. "Habrá que esperar, por tanto, a ver qué da de sí esta directriz", subrayan.
Respecto a la economía digital, valoran el desarrollo de protocolos de actuación y una mejora en la captación de la información que ofrece internet. "Estos protocolos son altamente recomendables dadas las dificultades que se han encontrado en las personaciones y comprobaciones efectuadas por los actuarios", reiteran.
Por otro lado, los inspectores de Hacienda se felicitan de los resultados de lucha contra el fraude en 2015 (más de 15.000 millones de euros, cifras históricas), aunque no avalan las cifras concretas ya que desconocen la metodología que se aplica en los cálculos y la experiencia indica que la cifra de objetivos "puede ser muy difícil de conseguir sin generar tensiones y disfunciones en las actuaciones de control".
RECLAMAN MÁS MEDIOS.
La Organización de Inspectores reitera que para conseguir una mayor eficacia real en la lucha contra el fraude es imprescindible revisar las cifras globales que se asignan, profundizar en los trabajos de selección de contribuyentes a investigar y comprobar, modificar los criterios que se utilizan para valorar el trabajo que los inspectores y técnicos llevan a cabo y afrontar el problema de las crecientes reclamaciones y el atasco que ello origina en los tribunales económico administrativos.
Por último, afirma que es urgente proseguir con la política de dotación de medios llevada a cabo en los dos últimos años, así como con las modificaciones normativas que "taponen las enormes fugas de ingresos" que siguen abiertas y que son, sobre todo, aprovechadas por las grandes corporaciones, a las que en la mayoría de las ocasiones no les resulta necesario recurrir a conductas fraudulentas porque les basta con ejercer simples economías de opción.