La policía italiana desmantela una red empresarial que puede haber defraudado 1.700 millones

En concreto, los agentes de la Unidad Especial de Policía de Divisas, coordinados por la Fiscalía de Roma, están ejecutando una orden para confiscar más de 100 millones de euros a los 62 miembros de una asociación que están siendo investigados por los delitos de conspiración, quiebra fraudulenta, lavado de dinero y delitos fiscales.

En el marco de esta operación, denominada "Millones", más de 70 agentes han llevado a cabo desde primera hora de esta mañana numerosos registros en las regiones de Lazio, Lombardía, Piamonte, Veneto y Cerdeña.

Las investigaciones, que se han llevado a cabo durante dos años mediante complejos análisis de documentos, escuchas telefónicas, vigilancia y exámenes a los testigos, desprenden que la organización se especializó en la evasión sistemática de impuestos mediante la utilización de unos 250 consorcios y cooperativas que operaban en los sectores del transporte, la limpieza y la seguridad privada.

"La actividad ilegal ha provocado, a lo largo de los años, una pérdida al Estado que asciende a más de 1.700 millones de euros, como se desprende de las numerosas auditorías fiscales realizadas por las autoridades competentes", señala.

El mecanismo fraudulento, que comenzó a emplearse en el año 2001, consistía generalmente en la subcontratación a cooperativas, creadas expresamente en ese momento, de servicios que le habían sido adjudicados a las empresas de los demandados.

Esta sociedades emitían luego facturas por operaciones inexistente, por un valor que se calcula ascendió a 400 millones de euros, que tras ser abonadas fueron retiradas en efectivo sin que estuviera justificado por ninguna lógica de negocio.

A continuación, el dinero era trasladado a las cuentas de una compañía fiduciaria de San Marino y Luxemburgo, para su posterior utilización en el sector inmobiliario de forma ilegal, que afectado a la competencia en el sector. Las cooperativas luego se declaraban en liquidación y se creaban nuevas empresas para repetir el mismo esquema.

Este sistema ha permitido a los líderes de la organización apropiarse indebidamente de unos 160 millones de euros que tendrían que haber ido a las arcas del Estado correspondientes los impuestos adeudados por las empresas vinculadas a ellas.