Sin noticias del almacén que deberá albergar los residuos radiactivos

Pocas organizaciones, sociales o políticas, cuestionan que España va a necesitar en el futuro un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para gestionar sus residuos radiactivos más peligrosos, pero los expertos han observado que se consolida el "nimby", acrónimo en inglés de "no en mi patio trasero" ("not in my backyard").

Todas las fuerzas políticas (excepto ICV) coinciden en la necesidad de contar con un Almacén Temporal Centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad, y el organismo que vela por la seguridad nuclear (el Consejo de Seguridad Nuclear) avala esa solución, pero el procedimiento administrativo sigue atascado.

Hace más de dos años (el 28 de febrero de 2007) el Gobierno dio por concluido el plazo para solicitar información sobre las características del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que deberá en el futuro albergar los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares.

¿FALTA DE VALENTÍA POLÍTICA?

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha subrayado su apoyo a este almacén centralizado de los residuos y ha criticado la "falta de valentía política" del Gobierno para impulsar la elección del lugar donde se construirá.

Fuentes de esta organización han criticado, en declaraciones a EFE, la "parálisis" en que está inmerso el procedimiento, y han advertido de que no se trata de un debate a favor o en contra de la energía nuclear, porque los residuos radiactivos "ya existen" y se trata de contar con una instalación segura para almacenarlos.

Según las organizaciones ecologistas, ha sido el "enorme" rechazo social que se ha generado lo que ha motivado la paralización del procedimiento, y han reclamado un plan de cierre de las centrales nucleares para poner freno a la generación de residuos antes de afrontar la construcción de una instalación para almacenar los ya existentes.

Carlos Bravo, responsable de las campañas antinucleares de la organización ecologista Greenpeace, ha recordado que contra la ubicación de el ATC ya se han manifestado varios parlamentos autonómicos y numerosas diputaciones provinciales y ayuntamientos.

En declaraciones a EFE, Carlos Bravo ha subrayado que no se pueden dar pasos para avanzar en la gestión de los residuos radiactivos que generan las centrales nucleares sin antes haber clarificado el futuro de la energía nuclear.

Tras el periodo de información pública sobre esta instalación, que finalizó en febrero de 2007, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tenía previsto abrir una nueva fase para elaborar los criterios con los que se iba a abrir la convocatoria pública para que los municipios interesados pudieran optar a ser candidatos para albergar ese emplazamiento, pero esa convocatoria no se ha formalizado.

La proximidad de los comicios autonómicos y locales (mayo de 2007) desaconsejaron la apertura de ese proceso para elegir la ubicación de este almacén, con la intención de propiciar un debate sereno y riguroso y alejado de la confrontación política.

Desde entonces, el proceso sigue paralizado, aunque durante los dos años transcurridos se han sucedido las noticias sobre supuestos ayuntamientos candidatos, las movilizaciones sociales para rechazarlo.

RECOGIDA DE FIRMAS EN CONTRA DEL ATC

La última de éstas la protagonizan los agricultores de la localidad de Yebra (Guadalajara), que han iniciado una campaña de recogida de firmas contra esa instalación a partir de las denuncias de la Plataforma Antinuclear de Guadalajara que apuntan que este pueblo podría estar interesado en el ATC.

Antes ya se habían puesto sobre la mesa los nombres de otros municipios que supuestamente se habrían postulado para albergar el almacén; durante los últimos meses han aparecido los nombres de Ascó o de Vandellós, ambos en la provincia de Tarragona

El debate ha llegado al parlamento en varias ocasiones, la última de ellas el pasado mes de diciembre, cuando la Comisión de Industria, Comercio y Turismo instó al Ejecutivo a tomar una decisión cuanto antes sobre el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado.

La opción de construir este almacén cuenta también con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha apostado por que una única instalación albergue todos residuos radiactivos de alta actividad (aquellos cuya actividad perdura durante cientos de años).

Mientras se adopta esta decisión política, los residuos se acumulan en las "piscinas" de las centrales, y se acerca además el año 2011, en el que deberán retornar (o pagar un alto precio en caso contrario) los residuos nucleares que España tiene depositados temporalmente en Francia.

Las mismas fuentes de la AMAC han insistido en que no apoyarán como solución la construcción de almacenes temporales individuales (ATI) en cada una de las centrales nucleares que están operativas en España.

Han reiterado además que ningún municipio de esta organización se ha postulado para albergar el almacén y en que no existe "ninguna duda" de que es la opción "mejor y más segura" para gestionar los residuos radiactivos.

Fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radactivos (ENRESA) -que construirá y gestionará el almacén- han subrayado que cuentan con la capacidad tecnológica y con el personal necesario para afrontar la construcción y la futura gestión del almacén, pero que la decisión corresponde al Gobierno.

Las mismas fuentes de esta empresa han insistido en la experiencia acumulada en El Cabril (Córdoba), donde se gestionan y almacenan los residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad, y en que esta instalación es "modélica" y se ha convertido en "ejemplo" para muchos países que optan por soluciones similares.

Pero desde la organización ecologista Greenpeace, Carlos Bravo insiste en el "necesario e imprescindible" consenso social que debe existir respecto a este tipo de instalaciones, y ha subrayado que la localización de un "cementerio nuclear" de estas características no puede quedar a expensas de que un alcalde quiera apostar por él.

Como ejemplo clarificador, Carlos Bravo ha citado el caso de una casa que se está inundando por tener un grifo abierto, en la que lo primero que habría que hacer sería "cerrar el grifo"; en el caso de los residuos radiactivos -ha dicho- España debe "cerrar ese grifo", dejar de generarlos, y después afrontar la decisión definitiva sobre la gestión de los ya existentes.