BRASIL-PRENSA

El debate sobre el título de los periodistas sigue abierto en varios países de América

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aplazó hoy hasta el próximo 15 de abril un fallo sobre la exigencia del título universitario para trabajar de periodista, un debate ya superado en muchos países de América pero que está aún latente en otros.
Estudiantes brasileños de periodismo protestaron en frente del Supremo Tribunal de Justicia, en Brasilia donde se discute la ley de prensa y título a los periodistas. EFE

Los magistrados brasileños retomarán dentro de 15 días el juicio en el que deberán analizar una demanda del Sindicato de Empresas de Radio y Televisión, que pide anular la obligatoriedad del diploma para el ejercicio del periodismo, impuesta hace 40 años por la dictadura militar.

Aunque en algunos países americanos se mantienen, en la mayoría no existen exigencias académicas para la profesión periodística, sobre todo porque se considera que recoger información y transmitirla es un derecho fundamental de todo ciudadano en una democracia.

Ese principio es defendido incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y fue consagrado en la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en la capital mexicana en 1994.

Aún así, en Bolivia, Cuba, Chile, Honduras y Nicaragua, aunque con matices, se exige el título universitario o la colegiación es obligatoria para aquellas personas dedicadas a la información.

En Chile, la Ley de Prensa de 2001 establece como obligatorio el título universitario, pero deja huecos que permiten que personas sin diploma trabajen en los medios en su artículo 1, que consagra "la libertad de emitir opinión y la de informar" como un "derecho fundamental de todas las personas".

Para ejercer el periodismo en Cuba, un caso particular por la ausencia de medios privados, se exige nivel universitario, pero no exclusivamente un título en el área de comunicación.

En Honduras se imponen el título y la colegiación obligatoria, pero aun así hay periodistas que ejercen sin esos requisitos, en parte porque los editores los contratan sin muchos pruritos.

Lo mismo ocurre en Bolivia, donde la exigencia del título está en la ley, pero "no se cumple", según explicó a Efe el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe.

Según Grebe, el Estatuto Orgánico del Periodista, que data de la década de los años 80, ha sido prácticamente olvidado y no existen proyectos ni movimientos a favor de que se cumpla ni de que se suprima.

En Nicaragua, los periodistas son obligados a colegiarse y para eso es necesario el título, requisito que ha sido contestado por algunos diarios y empresas de televisión ante la Corte Suprema, que aún no ha fallado sobre el asunto.

No obstante, los medios contratan a sus periodistas de forma discrecional, ya sean empíricos o titulados, aunque prefieren a los que acreditan formación académica.

En el otro extremo se sitúan, también con sus particularidades, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En ninguno de esos países se exige ni título ni colegiación, pero el asunto sí es objeto de debates en Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay ha intentado en varias ocasiones llegar a un acuerdo para reglamentar el ejercicio de la profesión, así como el Colegio Dominicano de Periodistas aboga por el establecimiento de la titulación obligatoria.

En Venezuela, una norma del Ejercicio del Periodismo elaborada por el Consejo Nacional de Periodistas plantea la exigencia del título, pero no existe una norma semejante refrendada por el Estado, por lo que aquella carece de efectividad legal.

Como en otros países, muchos de los periodistas que ejercen en Venezuela, incluso algunos de los más reconocidos, carecen de título universitario, al menos en el área de comunicación.

Un caso particular es el de Estados Unidos, donde los dueños de medios y los propios periodistas se oponen a cualquier reglamentación de la profesión.

Esta postura es apoyada por gremios, asociaciones profesionales y académicos y se basa en la creencia de que una normativa rígida para el periodismo atentaría contra la libertad de expresión, consagrada en la Constitución.

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