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Unas 226.000 personas no cuentan con una oficina bancaria en su municipio, según UGT

La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ha afirmado este lunes que en España hay 226.000 personas que no cuentan con una oficina bancaria en su municipio debido al cierre de 7.000 sucursales en el periodo 2008-2013, lo que ha provocado que el número de habitantes por oficina haya pasado de 1.024 en 2008 a 1.247 en 2013.
Según un estudio realizado por UGT, las comunidades autónomas que han sufrido los mayores recortes en el periodo 2008-2013 han sido Cataluña (24%), Galicia (20%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (17,3%) y Madrid (16,5%).
De este modo, en 2013 hay 133 municipios que no cuentan con ninguna oficina de entidad de depósito. Esto supone haber pasado del 3,4% en 2008, que junto con 2009 y 2010 fueron los años de máxima cobertura geográfica financiera con el menor porcentaje de municipios sin ninguna entidad de crédito, al 4,1% actual.
"Este dato sería equiparable prácticamente al existente en el periodo 2000-2001, es decir, que se ha producido un retroceso de más de una década", destacada el sindicato, que añade que en la actualidad existen 29 municipios más que en 2008 que no cuentan con ninguna oficina bancaria, una situación que afectaría a 60.000 nuevos habitantes que han quedado excluidos de los servicios financieros.
"Entendemos que la falta de acceso a los servicios financieros representa un serio obstáculo para la integración económica y social de cualquier ciudadano. Por tanto, la exclusión financiera se convierte en una causa de exclusión social", ha señalado el sindicato.
DESAPARICIÓN DE LAS CAJAS
En su informe, el sindicato precisa que las cajas de ahorros han sido las que históricamente "han rescatado" de la exclusión financiera a muchos particulares.
"La bancarización de las cajas de ahorros está suponiendo un cambio radical en lo que ha venido siendo durante muchísimos años uno de los principales fines sociales que éstas tenían, produciéndose una transformación paulatina hacia objetivos más economicistas y la obsesión por los resultados priman sobre una clientela global y su tradicional labor social", apunta.
Para FeS-UGT, el Gobierno "tiene que garantizar un marco jurídico para obligar a las entidades financieras a que todas las personas puedan acceder a los servicios financieros básicos".
También insta al Ejecutivo a la creación de una banca pública "potente y eficaz" que además de facilitar y garantizar que el crédito fluya, permita el acceso de todos los ciudadanos a los servicios financieros "sin exclusiones selectivas".