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Las plataformas de 'crowdfunding' costarán 3.230 euros el primer año

El coste administrativo de las plataformas de financiación participativa ('crowdfunding') será de unos 830 euros iniciales para conseguir la autorización y unos 2.400 euros al año, y el Gobierno estima que podrán conformarse unas 25 plataformas de este tipo.

Así se señala en la memoria del proyecto de ley de Financiación empresarial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que calcula que actualmente hay 17 plataformas operativas pero que el "aumento de la seguridad jurídica" incentivará a la creación de nuevas aunque otras desaparecerán por el aumento de la competencia.
No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que "no resulta fácil cuantificar" el impacto de la nueva regulación, ya que "resulta imposible determinar el número de plataformas que se registrarían anualmente" ya que se trata de "un sector no regulado y sobre el que existe cierta opacidad".
3.230 EUROS EL PRIMER AÑO
Teniendo en cuenta el régimen de autorizaciones previsto en el proyecto de ley, se calcula un coste de 80 euros por la presentación de la solicitud, 500 euros por la presentación de un informe o memoria y otra documentación para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) valore si se cumplen los requisitos, 150 euros por la presentación de los documentos y 100 euros por la publicación de la información en la web.
A esos 830 euros de cargas iniciales se suman 2.400 euros anuales por la llevanza de libros y registros electrónicos de las operaciones (unos 300 euros), la publicación de información en la web (100 euros), la auditoría anual de cuentas (1.500 euros) y la presentación de la memoria a la CNMV (500 euros).
En total, 3.230 euros que, multiplicado por las 25 plataformas previstas, suponen un coste global para el sector de 80.750 euros el primer año y 60.000 euros los ejercicios siguientes. No obstante, el Gobierno recuerda que este cómputo no incluye ni los requisitos financieros de capital social (60.000 euros) y recursos propios (al menos 120.000 euros), ni el coste del asesoramiento legal, las tasas de supervisión de la CNMV o la obligación de aportar más documentación.
En cuanto al impacto global del 'crowdfunding', el Ejecutivo cree tiene "un gran potencial" sobre todo en el ámbito de los proyectos de la "economía real", que son los que tienen más dificultades para conseguir fondos. "El mayor riesgo promedio de dichas inversiones se verá compensado por el mayor potencial y por la posibilidad de diversificar en distintos proyectos", añade.
REGULACIÓN DEL 'CROWDFUNDING'
Según el proyecto de ley, las plataformas de 'crowdfunding' podrán financiar un máximo de 2 millones de euros por proyecto a través de las aportaciones de inversores minoristas (máximo de 3.000 euros anuales por plataforma o 10.000 euros anuales en el conjunto de plataformas) e institucionales (sin límite). La propia plataforma también podrá aportar fondos, aunque sin exceder en ningún caso el 10% de sus necesidades ni llegar a controlar la empresa.
Para constituirse, necesitarán un capital social de 60.000 euros, un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 300.000 euros en reclamaciones de daños y hasta 400.000 euros anuales por cualquier tipo de reclamación, y unos fondos propios como mínimo de 120.000 euros si la financiación obtenida en los últimos doce meses supera los dos millones de euros. A partir de los cinco millones, esa cantidad se va incrementando aunque nunca podrá sobrepasar los dos millones.
La autorización de la CNMV que necesitan (y que las plataformas ya en funcionamiento podrán solicitar durante seis meses) caducará a los doce meses si no se inicia su actividad por causas imputables a la propia plataforma, cuyos administradores deberán cumplir los requisitos básicos de honorabilidad, conocimientos y profesionalidad. Si en el tiempo fijado para captar fondos no se alcanza al menos el 90% del objetivo (descontada la posible aportación de la propia plataforma) deberá devolverse el dinero a los inversores.
FICHERO DE INFORMACIÓN SOBRE PYMES
Por otra parte, el proyecto de ley de Financiación Empresarial regula el nuevo documento 'Información Financiera-Pyme', que recogerá toda la información que la entidad financiera tenga de una pequeña o mediana empresa a la que financie. La pyme tendrá derecho a obtener en un plazo de diez días hábiles este documento gratuitamente cuando el banco le restrinja o suprima el crédito, y también podrá pagar por él si así lo solicita, con un coste estimado por el Gobierno de unos 5 euros y un plazo de contestación de quince días hábiles.
En concreto, deberá contener las cuatro últimas declaraciones de datos, las relativas al final de cada trimestre de los últimos cinco años anteriores a la notificación de reducción o cancelación de crédito, historial crediticio con la situación actual de impagos o la declaración expresa de que la pyme ha cumplido íntegramente con sus obligaciones y la calificación del riesgo de la pyme en los términos estandarizados y de acuerdo con la metodología que establezca el Banco de España.
Según el Gobierno, tanto este nuevo fichero de información financiera de las pymes como la obligación de los bancos de preavisar a las empresas a las que vayan a recortar la financiación notablemente (35% o más) tendrán un impacto positivo en la economía, ya que aportará confianza y fiabilidad, y además permitirá un "mayor control" del sistema financiero y un "aumento de la competencia" en el sector.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
El proyecto de ley modifica la regulación de los establecimientos financieros de crédito (EFC) para adecuarse a la normativa comunitaria, determinando que seguirán estando supervisados por el Banco de España aunque su autorización corresponderá a partir de ahora al Ministerio de Economía.
Los cambios previstos conllevarán un coste máximo de 8.640 euros para las 144 entidades de este tipo que existen, derivados de la comunicación presencial de las adaptaciones al nuevo régimen (30 euros) tanto de los servicios de pago como para el dinero electrónico. El coste podría ser más elevado si el Banco de España pide más documentación, en cuyo caso deberían añadirse cinco euros por documento y entidad por cada uno de los procedimientos.
En caso de altas de nuevas EFC, el coste podría llegar a 150 euros por entidad y procedimiento, ya que implicaría una solicitud y hasta catorce documentos diferentes por cada procedimiento, o lo que es lo mismo, 43.200 euros como máximo de incremento de cargas administrativas.
En materia de titulizaciones, cuya regulación se pondrá en línea con las recomendaciones europeas flexibilizando algunos aspectos, se contribuirá a "reactivar el hasta hace poco pujante mercado español", decaído por la crisis. No obstante, esto tendrá un coste de unos 35 euros al año, a razón de 5 euros por la presentación de los informes de auditoría de cada una de las siete sociedades gestoras existentes.
A esto habrá que sumar unos 826.000 euros más por los cuatro informes trimestrales que se deberán remitir a la CNMV por los 413 fondos de titulización, a razón de unos 500 euros por informe y memoria. No obstante, dado que actualmente ya se envían dos, el incremento de coste será de 413.000 euros.
Finalmente, la facilitación del tránsito desde sistemas multilaterales de negociación a la Bolsa conllevará un ahorro de cargas administrativas de al menos 1.000 euros por sociedad emisora de acciones, gracias al régimen transitorio de dos años.
Además, al no tener que inscribir la emisión de cualquier obligaciones en el Registro Mercantil ni en el BORME los costes también se reducirán en unos 210 euros por publicación. En 2013, esto habría supuesto 17.000 euros menos de coste para estas empresas.