La reforma laboral, a examen

El paro es una enfermedad crónica de la economía española. Ni en los buenos ni en los malos tiempos, España ha sabido recuperarse de esta dolencia que le resta competitividad y condena a millones de personas a la supervivencia de las ayudas al desempleo o a la falta de un horizonte laboral estable por la alta incidencia de la temporalidad.
En épocas de bonanza, con la economía a todo trapo, el paro nunca ha bajado del 8% de la población trabajadora, ligeramente por debajo de los dos millones. Ahora, sumidos en la mayor crisis desde 1930, el lastre del desempleo afecta a 4,6 millones de personas, el 20% de los trabajadores: es el doble de la media de la Unión Europea y la segunda tasa más alta de la región. Si miramos sólo el paro juvenil, España es el país del Viejo Continente con mayor desempleo entre los menores de 25 años: cerca del 41% de ellos no encuentran quien les contrate. Sumemos a esto los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin encontrar empleo: suponen el 39% del total, alrededor de 1,8 millones de personas. Son datos que evidencian que el mercado laboral español no funciona y que la crisis se intenta superar a través de ajustes drásticos en las plantillas. ¿Quién tiene la culpa? Responder a esta cuestión es ya más difícil.



La reforma laboral en España pende de un hilo. Los próximos días son vitales para saber si los agentes sociales logran desencallar unas negociaciones, que van camino de cumplir dos años. Pero ese entendimiento parece cada día más lejano: ni sindicatos ni empresarios hablan a día de hoy el mismo lenguaje. Si no lo consiguen, el Gobierno parece decidido a aprobar por decreto un cambio del modelo laboral, porque así se lo exigen desde fuera. Los sindicatos ya han amenazado con una huelga general, si esa reforma unilateral daña los derechos de los empleados españoles.



A este diálogo de sordos asisten como espectadores los mercados y muchos organismos nacionales e internacionales, que han pedido reiteradamente un cambio profundo en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Desde el Banco de España y el Banco Central Europeo se viene alertando de que el desempleo masivo puede convertirse en una losa para una recuperación económica futura: es la mayor amenaza para la estabilidad de la banca, afirman. Ambos organismos defienden cambios que permitan aumentar la contratación indefinida y reduzcan el número de trabajadores temporales y la dualidad del mercado laboral español. Piden que las condiciones para finiquitar los contratos en España sean similares a las de otros países de su entorno, que se flexibilicen las causas del despido y que se recorte el montante de las indemnizaciones.



El Fondo Monetario Internacional, que aporta dinero en el plan de salvamento de las economías europeas en apuros, también ha presionado a España para que adopte reformas estructurales: entre ellas, la del mercado de trabajo, que debe ser "amplia y exhaustiva". Exige mayor flexibilidad laboral, eliminar las cláusulas que permiten aumentar los salarios de acuerdo a la subida de precios y reducir la protección de los trabajadores fijos, al tiempo que se aumenta la de los temporales.



Uno de cada cinco parados europeos es un desempleado español. De ahí que la Comisión Europea también insista al Gobierno español para que adopte profundas reformas económicas. Bruselas pone el acento en el importante incremento del paro de larga duración, un lastre que reduce el crecimiento potencial de la economía española. De hecho, piensa que será la única de las grandes economías de Europa que se contraiga este año y prevé que el desempleo continúe creciendo hasta 2011.



Sobre la mesa, las posturas sindicales y empresariales distan cada vez más. Hay pequeños avances en algunos temas, como la lucha contra el paro juvenil y el de larga duración. Pero el Gobierno ha tenido que llamar a capítulo a unos y otros. Estos días se celebran reuniones al más alto nivel. Mientras, la cuenta atrás sigue avanzando. La situación es muy delicada. Contratación más barata y rebaja de cotizaciones sociales son los dos muros con los que se choca el diálogo social, los mismos que hicieron fracasar la tentativa del pasado mes de julio. ¿Habrá ahora final feliz?



¿Qué piden los sindicatos?



¿ Límites porcentuales en el volumen de contrataciones temporales, que se persiga el encadenamiento de estos contratos y que se conviertan en puestos de trabajo estables: indefinidos o fijo discontinuos.



¿ Exigen que la subcontratación y la externalización de actividades en una empresa se haga siempre bajo ciertas condiciones.



¿ Quieren mecanismos que permitan negociar con los comités de empresa los expedientes de regulación de empleo, dando prioridad a las reducciones de jornada y a las regulaciones temporales frente a los despidos.



¿ Solicitan que los beneficios empresariales no se repartan entre los accionistas, sino que se reinviertan en la recuperación del empleo, en la reducción de la temporalidad, en la formación de la plantilla y en investigación y desarrollo.



¿ Piden más transparencia en las retribuciones de la alta dirección y de los consejos de administración. En caso de que la empresa haya realizado un ERE, reducido su plantilla o dejado de aplicar los incrementos salariales pactados, apuestan por contener los salarios de la alta dirección y recortar sus pluses variables.



¿Qué pide la patronal?



¿ Generalizar el contrato estable de fomento del empleo -con un despido improcedente de 33 días por año trabajado- a todos los colectivos. Actualmente, una empresa puede contratar bajo esta fórmula a jóvenes, mujeres y discapacitados, y también a hombres que lleven más de 6 meses desempleados. Sin embargo, no se utiliza: sólo el 17% de los ocupados tiene este tipo de contrato.



¿ Ampliar el abanico de causas del despido procedente objetivo, lo que generalizaría las indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Este es el gran caballo de batalla. Ahora la mayor parte de los despidos se tramitan como improcedentes y conllevan indemnizaciones de 33 o de 45 días por año trabajado.



¿ Rebaja de las cotizaciones sociales. La CEOE aspira a reducir los cinco puntos que las empresas españolas pagan de más a la Seguridad Social en comparación con la media europea. Pero aquí parece que han pinchado en hueso y su posición no es tan maximalista. Buscan cierta reducción por vía de las cotizaciones que se aportan en materia de seguridad laboral.



¿Qué pone además el gobierno encima de la mesa?



¿ El denominado 'modelo austríaco', en el que la indemnización por despido que recibiría un trabajador se cambia por una especie de hucha personal intransferible, financiada mes a mes por las empresas para las que estuviera contratado. El trabajador, en caso de despido, puede hacer uso de ese dinero. Si nunca ve interrumpida su vida laboral, podría sumar ese fondo a su prestación por jubilación.



¿ El 'modelo alemán'. Este sistema permite que todos los trabajadores reduzcan su horario de trabajo en función de la producción. El Gobierno compensaría la reducción del salario con prestaciones por desempleo y las horas no trabajadas tendrían que dedicarse a formación. Se evitarían así muchos despidos traumáticos. Pero el gran problema es el predominio de microempresas en el tejido empresarial español, que dificulta la puesta en práctica de esta medida.



¿ Dos modalidades de contrato a tiempo parcial: una bonificada, con un horario fijo, sin posibilidad de ser alterado; y otra, sin bonificación, en la que podría cambiarse el horario con un preaviso mínimo y con posibilidad de hacer horas extra.



¿ Propone además que, con carácter transitorio y excepcional, las empresas queden exentas de pagar una parte de las indemnizaciones de los despidos colectivos, cantidad que asumiría el Estado a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).



¿ Aumentar desde los 21 hasta los 24 años la edad máxima en la que pueden hacerse contratos de formación. Bonificar asimismo la contratación indefinida de parados de hasta 30 años.



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