El sector de la seguridad privada marca sus cinco prioridades legislativas y reglamentarias ante el 26J

Así lo señalan en un comunicado conjunto las principales organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (Aproser y UAS), en el que coinciden en la necesidad del desarrollo del sector de la seguridad privada "con un empleo de calidad respetuoso con los derechos de los trabajadores", que permita competir a las empresas "en condiciones de igualdad y que contribuya de una forma mas eficaz a la seguridad de los ciudadanos".

Por ello, el observatorio pide que España concluya el proceso de trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública para que sus posibilidades de "exigencia del respeto de los convenios colectivos, la adjudicación teniendo en cuenta criterios cualitativos, y la máxima exigencia en la ejecución de los contratos" sean incorporadas a la normativa nacional de contratación pública.

"La remisión de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea instando a España a adoptar esta norma no debiera, en modo alguno, hurtar el legítimo debate parlamentario en el que poder transmitir a la mayor brevedad a los representantes de las diversas fuerzas políticas los planteamientos comunes en relación con una contratación pública innovadora y socialmente responsable", defiende.

También reclama la generación de un empleo "de calidad", lo que implica "ajustar" el Estatuto de los trabajadores previendo, al menos para los sectores intensivos en mano de obra, una normativa "diferenciada" en relación con los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.

Además, ve "esencial" establecer la responsabilidad subsidiaria del cliente al menos en el caso de las administraciones públicas, por los procesos de adjudicación realizados a empresas "no respetuosas" con la normativa cuando hayan sido informadas de tales incumplimientos durante la prestación de los servicios.

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada valora la Ley de Seguridad Privada de 2014 por haber incorporado una "visión amplia" del intrusismo, si bien apunta que sigue sin haberse aprobado el reglamento de desarrollo de dicha norma, por lo que "las posibilidades abiertas por la ley no han sido aprovechadas".

No obstante, apunta a este respecto que la ausencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada no constituye "obstáculo" alguno para que el Ministerio de Educación avance "realmente" en el desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con "las capacidades y habilidades precisas" para los nuevos retos.