El sistema de financiación autonómica redujo medio billón la recaudación de 2009 a 2015, según Gestha

Las arcas públicas españolas han dejado de ingresar 551.348 millones de euros por la menor presión fiscal respecto a la Eurozona desde que entró en vigor el actual sistema de financiación autonómica en 2009, según calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a raíz de los resultados extraídos del informe de la comisión de expertos para revisar el modelo de financiación autonómica.

El sindicato explica que esa pérdida de ingresos que se ha producido entre 2009 (cuando se puso en marcha el actual sistema de financiación) y 2015 (último año con datos disponibles en el ámbito europeo), aumentará "con toda seguridad" en 2016 y 2017 ante la rebaja fiscal que se aplicó en 2015.

Para Gestha, es una "carencia inexplicable" que el informe de los expertos haya omitido datos de la presión fiscal en España comparada con el resto de países de la Eurozona, pues todos están sometidos a los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria.

Los técnicos resaltan que el informe de la comisión de expertos afirma que España gasta en servicios públicos fundamentales un 21% de PIB menos que el promedio de los países de la zona euro de similar nivel de renta. Así, el experto designado por la Comunidad Valenciana calcula que las insuficiencias acumuladas desde 2002 -año en el que se completa la descentralización de todas las competencias regionales- ascienden a 31.495 millones y se concentran en esta comunidad, Andalucía, Cataluña, Madrid, Baleares, Murcia y Castilla La Mancha.

Esta "sangría" en los ingresos tributarios, añadida a la "escasa" capacidad tributaria real de las comunidades autónomas y al peso del estado de bienestar, justifica que el endeudamiento autonómico casi se triplicara entre 2009 y 2016, alcanzando 263.480 millones, casi el 25% del PIB. Mientras, los niveles de prestación ofrecidos por las CCAA se mantenían próximos a los iniciales, pues el gasto efectivo de la sanidad, educación y servicios sociales -en especial la atención a la dependencia- tuvo incrementos algo inferiores a los de la población ajustada.

Por otra parte, Gestha echa en falta que la comisión de expertos no haya puesto el foco de la atención en la auditoría financiera y de regularidad, la fiscalización operativa de eficacia, eficiencia, economía y equidad, el control interno a cargo de las intervenciones generales y el control del Tribunal de Cuentas, que se limitan a circunscribir al control del Fondo de Compensación Interterritorial.

INTENSIFICAR EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

En concreto, los técnicos señalan que el control de la ejecución del gasto público, particularmente en las labores de fiscalización y control que ejerce la Intervención, ha de intensificarse en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por España ante la Comisión Europea, sobre todo para prevenir y combatir la corrupción.

Sin embargo, entre 2010 y 2016 la plantilla de técnicos de Auditoría y Contabilidad se ha reducido casi en un 20%, cuando son, junto a los Interventores del Estado, quienes llevan a cabo las funciones superiores de la auditoría pública y el control del gasto y las subvenciones públicas.

Además, denuncia que al mismo tiempo se ha producido una limitación de sus competencias, mientras se decreta anualmente, por orden ministerial, la insuficiencia de medios en la Intervención General del Estado que posibilita la contratación de auditores privados para la realización de auditorías públicas.

Por ello, el colectivo considera necesario un debate de los partidos políticos, patronales, organizaciones sociales y ciudadanos que definan el tamaño del sector público y del gasto en el estado de bienestar que queremos.

Para Gestha, la cuestión de la suficiencia de recursos es el reto del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y superarlo pasa por un acuerdo de reforma fiscal integral en España que mejore los principios esenciales del artículo 31 de la Constitución para que el sistema tributario aporte recursos suficientes para el gasto público y sea más "progresivo, igualitario, equitativo y, sobre todo, justo".

LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

En cuanto a las medidas tributarias que propone el informe, Gestha rechaza la idea que subyace de mejorar la financiación de las CCAA a través de futuras subidas del IVA y de los copagos en sanidad, educación y servicios sociales, dada la regresividad que conllevan.

Los técnicos recuerdan que las propuestas "chocan frontalmente con la opinión de los ciudadanos, que mayoritariamente creen que el sistema tributario debe pivotar sobre la imposición directa", tal y como se refleja en el último barómetro fiscal publicado por el CIS.

Por el contrario, no ven incompatible el aumento del reparto del rendimiento del IRPF (unos 34.000 millones en 2015) con la capacidad redistributiva, pues esa redistribución se lograría por la Administración Central y Autonómica con la mayor o menor progresividad de las respectivas escalas de gravamen, así como con el aumento de la tributación de las rentas del capital.

Gestha valora que la comisión de expertos considere que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones "cumple una misión redistributiva necesaria" y que, por tanto, no existen razones para derogarlo ni para que ciertas comunidades lo supriman de hecho.

Así, la comisión propone el establecimiento de niveles mínimos de tributación, al igual que un mínimo exento que evite situaciones injustas muy singulares. No obstante, los Técnicos no comparten la pérdida de progresividad que supone la propuesta de suprimir el actual sistema de coeficientes multiplicadores en función del patrimonio preexistente de los herederos.

PATRIMONIO Y SOCIEDADES

Pese a que el informe reconoce los nuevos estudios que refuerzan el poder redistributivo del Impuesto sobre el Patrimonio, Gestha lamenta que la comisión no haya alcanzado un acuerdo y no se pronuncie sobre la necesidad de establecer, al igual que en el Impuesto sobre Sucesiones, unos niveles mínimos de tributación que eviten que comunidades como Madrid bonifique al 100% la cuota y no exija 660,8 millones a los 16.670 madrileños más acaudalados que poseen un patrimonio superior a los dos millones de euros, especialmente cuando el 59,6% de las grandes fortunas españolas de más de 30 millones reside en Madrid.

Por último, señalan que el Impuesto de Sociedades es un "gran ausente" del informe, pese a que es "el principal responsable del desplome recaudatorio" producido desde el 2008, con un 77% de la pérdida de ingresos acumuladas hasta 2016.

"Aunque los ingresos del Impuesto sobre Sociedades no se incluyan en el vigente sistema de financiación, ni tampoco se proponga incluirlos en el nuevo sistema, no es un obstáculo para analizar las reformas necesarias para doblar la recaudación y alcanzar la de 2007", añade Gestha.