Los fondos titulares de autopistas quebradas siguen abiertos a negociar para minimizar el coste al Estado

Los fondos internacionales propietarios de la deuda de autopistas en quiebra han manifestado que siguen abiertos a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y minimizar los costes para el Estado, informaron a Europa Press en fuentes de estos fondos.

Dichos fondos han reiterado su disposición negociadora después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes el convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), empresa de titularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018.

Los fondos afirman dar la bienvenida a la reversión de las autopistas al Estado, aunque consideran que "llega demasiado tarde" y creen que este retraso pone en duda la seguridad jurídica en España.

Aclaran que la reversión de las autopistas al Estado y el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) no significa ningún rescate voluntario por parte del Estado, sino el cumplimiento de una obligación jurídica que nació en el momento en que se otorgaron las concesiones.

Así, recuerdan que la entrada en liquidación supone la resolución automática de las concesiones y la obligación de determinar la RPA en seis meses, "situación que para la mayoría de las autopistas ya ha ocurrido".

De este modo, el pago de la RPA se tiene que realizar dentro de los tres meses siguientes a su determinación, esto es, como máximo nueve meses después de la entrada en liquidación.

Por ejemplo, indican que en la AP-36 (autopista Ocaña-La Roda) ya se debería de haber calculado y pagado la RPA, "cosa que no ha sucedido".

Por ello, advierten de que todos los retrasos por parte del Gobierno, "además de dañar su credibilidad en los mercados financieros (necesario para el nuevo plan de infraestructuras) devengan intereses de mora sobre la RPA, por tanto es importante que el Ejecutivo se apresure para evitar encarecer el coste final al ciudadano".

Por último, entienden que una resolución por parte del Gobierno pro activa y justa, que evite los litigios, es fundamental para la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en España y el riesgo de pago de la Administración y, por tanto, para el éxito de la financiación del nuevo plan de inversiones del Estado en carreteras.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Según los cálculos basados en las cuentas auditadas de 2016, la previsión es que estas autopistas ingresen por el tráfico 100 millones de euros en 2018.