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Los fotovoltaicos de Anpier acusan al Gobierno de "defenestrar la seguridad jurídica"

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) señalan que España lidera la clasificación de demandas internacionales por la vulneración de la Carta de la Energía y acusan al Gobierno de "defenestrar la seguridad jurídica".
En una nota, la asociación arremete contra la "extraña política energética" del Gobierno, implementada desde su punto de vista "sin ningún tipo de fundamento estratégico que lo motive y sin consenso político, territorial o social".
"En la práctica, las aparentemente improvisadas decisiones del Gobierno Popular apuntalan las obsoletas centrales nucleares, con riesgos devastadores para el ciudadano y el entorno, y fomentan el uso del gas", que es un "combustible fósil, contaminante, caro, exportado y que requiere infraestructuras críticas para el hábitat y la población", afirma Anpier.
La política española, señala, "contrasta fuertemente con el devenir energético del otro lado de los Pirineos", donde la Unión Europea advierte de los riesgos de la dependencia de fuentes energéticas foráneas y de las "graves implicaciones" para el entorno y la salud que acarrean los usos de recursos fósiles.
Anpier recuerda además el informe de previsiones de desarrollo de infraestructuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se aprecia que España mantendrá sus actuales 4.400 megavatios (MW) de fotovoltaica, frente a los 24.920 MW de ciclos combinados de gas.