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ACNUR duda de la compatibilidad de las recientes leyes migratorias de Hungría con el Derecho Internacional

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado las dudas que alberga ante la posibilidad de que la legislación y los decretos en materia migratoria aprobados por el Gobierno húngaro de Viktor Orbán no se adecuen al Derecho Internacional y a la legislación europea.
En un informe publicado recientemente por la agencia, ACNUR insiste en que las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo, entre ellas la construcción de una valla en la frontera húngara con Serbia y Croacia, "tienen el efecto combinado de limitar e impedir el acceso a asilo en el país".
El pasado mes de septiembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ya acusó al Gobierno de Hungría de comportarse de forma "xenófoba" y "antimusulmana" en su respuesta a la crisis de los refugiados y le señaló por haber aprobado un paquete de medidas "incompatible con los compromisos de Derechos Humanos aceptados" por el país. "Buscar asilo no es un delito", insistió Zaid.
ACNUR recoge toda una serie de prácticas llevadas a cabo por el Gobierno de Orban, como el establecimiento de "zonas de tránsito" especiales en las que solicitar asilo, en las que los procedimientos y condiciones de recepción no cumplen los estándares internacionales, la "criminalización" de inmigrantes que entran en el país de forma irregular, considerado delito y sancionado con hasta diez años de prisión o incluso órdenes de expulsión.
Asimismo, ACNUR señala el cierre de algunas instalaciones de recepción de solicitantes de asilo, como el centro de Debrecen, que fue clausurado en el momento en el que estaba recibiendo un mayor número de solicitudes.
La agencia ha lamentado, además, que el país amenazara, el pasado mes de febrero, con construir una valla en la frontera con Rumanía para tratar de reducir la entrada de emigrantes. En este contexto, ACNUR considera que "estos aspectos significativos de la legislación húngara y las prácticas por parte del país levantan serias dudas en relación a su compatibilidad con el Derecho Internacional y la legislación europea".