AI pide que el diálogo con el ELN no deje los abusos contra los DDHH impunes

"Las conversaciones entre el ELN y el Gobierno, unidas al inminente acuerdo de paz con las FARC, traen consigo la esperanza de que pronto pueda darse por terminado más de medio siglo de conflicto en Colombia", ha destacado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

"No obstante, las autoridades deben garantizar que todos los sospechosos de ser penalmente responsables de delitos de Derecho Internacional cometidos durante este conflicto -ya sean miembros de las fuerzas de seguridad, paramilitares o miembros de grupos guerrilleros, al igual que terceros tales como empresarios y políticos- no escapan a la acción de la justicia ante tribunales civiles ordinarios", ha reclamado.

Así las cosas, ha incidido en que "el Gobierno y el ELN deben garantizar que los Derechos Humanos, incluidas medidas para poner fin a la impunidad, ocupan un lugar central en las negociaciones".

Según Amnistía, los 50 años de conflicto en Colombia se han caracterizado por los abusos y violaciones de Derechos Humanos generalizados y sistemáticos, con prácticas que incluyen homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, tanto por parte de las guerrillas como de las fuerzas de seguridad.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, los líderes comunitarios y los sindicalistas, han corrido especial peligro, ha lamentado la organización.

PAZ DURADERA Y EFECTIVA

"Si no se respetan íntegramente los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales, no podrá haber una paz duradera y efectiva", ha advertido Guevara-Rosas.

En este sentido, ha sostenido que "los acuerdos sobre justicia alcanzados hasta ahora con las FARC no parecen cumplir ni mucho menos este requisito".

Según Amnistía, recientemente se ha producido un repunte de las amenazas y los homicidios contra quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, además de haber continuos ataques contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas, cometidos en su mayoría por grupos paramilitares.

"Los recientes ataques contra activistas y otros grupos son un grave recordatorio de que, pese a las conversaciones de paz, la crisis de Derechos Humanos de Colombia continúa", ha defendido Guevara-Rosas.

"Las autoridades colombianas deben ahora redoblar sus esfuerzos para proteger a esos grupos y comunidades en riesgo, con medidas que incluyan la lucha efectiva contra los grupos paramilitares y la ruptura de los lazos que esos grupos aún mantienen con algunos sectores de las fuerzas de seguridad", ha remachado.