Agencias y ONG alertan de las consecuencias que tendrá el cierre de campos para 600.000 refugiados

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha lamentado que, tras desempeñar un "papel clave" en el este de África y mantener una actitud de "generosidad" con cientos de miles de personas, Kenia haya decidido actuar de forma unilateral y cerrar dos campos donde principalmente viven somalíes y sursudaneses.

ACNUR ha explicado en un comunicado que estará "en contacto" con el Gobierno keniano para que entienda las "implicaciones" del anuncio realizado el pasado viernes, cuando confirmó la desaparición del Departamento para Asuntos de Refugiados y, por extensión, el fin de su política de acogida.

La agencia de Naciones Unidas ha instado a las autoridades de Kenia a "reconsiderar su decisión", ya que podría incumplir las "obligaciones" internacionales. Estos compromisos establecen la necesidad de dar acogida a personas que huyen "del peligro y la persecución", algo que "trágicamente" sigue sucediendo en los casos de Sudán del Sur y Somalia.

En esta línea, el responsable de Amnistía Internacional para la región, Muthoni Wanyeki, ha advertido de que Nairobi dejaría de cumplir con su "deber" por su "imprudente" decisión, que "pondrá miles de vidas en riesgo". "Podría llevar al retorno involuntario de miles de refugiados a Somalia y a otros países de origen donde sus vidas siguen corriendo peligro", ha lamentado en un comunicado.

Médicos Sin Fronteras (MSF) también comparte esta preocupación y ha pedido a Kenia que "siga proporcionando asistencia humanitaria y garantice unas condiciones de vida aceptables para las cientos de miles de personas que lo necesitan desesperadamente", en palabras de la coordinadora de la ONG en Kenia, Liesbeth Aelbrecht.

Sólo en el caso de Dadaab, el mayor campamento de refugiados del mundo, "el cierre pondrá en riesgo unas 330.000 vidas somalíes y tendrá serias consecuencias humanitarias", ha añadido.

SEGURIDAD

Un portavoz del Ministerio del Interior keniano, Karanja Kibicho, aludió expresamente al argumento de la "seguridad nacional" para justificar el cierre de los campamentos, donde --según Nairobi-- se estarían infiltrando elementos terroristas.

Las ONG, sin embargo, han recordado que los compromisos internacionales en materia humanitaria deben prevalecer. "La declaración realizada por el Gobierno de Kenia (...) alegando motivos de seguridad pone de relieve una vez más el continuo y flagrante abandono de millones de refugiados en todo el mundo", ha recriminado Aelbrecht, de MSF.

Un portavoz del programa para refugiados de Human Rights Watch (HRW), Bill Frelich, apuntó la semana pasada que las autoridades kenianas han atribuido tradicionalmente los problemas de inseguridad a los refugiados somalíes cuando, en realidad, "no han proporcionado evidencias creíbles que les vinculen con ataques terroristas".

En cambio, segun HRW, "la Policía keniana ha atacado a los refugiados somalíes, en un uso abusivo e indiscriminado de la ley sobre operativos de seguridad, como las detenciones masivas que tuvieron lugar en Usalama en 2014".

La organización ha recordado que, además, los refugiados han sufrido "brutales abusos" por parte de los terroristas de Al Shabaab. "Durante años nos han hablado del horror de sus tácticas, incluidos el reclutamiento de menores y los atentados suicidas", ha señalado Frelich.

Un directivo de la ONG Refugees International, Mark Yarnell, teme que el anuncio incremente "los niveles de extorsión y abuso" sobre los refugiados, que ya "están luchando por sobrevivir en un lugar cada vez más hostil". La medida de Kenia, ha agregado, "sólo empeora la situación" y "deja en un limbo la vida de los refugiados".